domingo, mayo 26, 2024

Lo que deben esperar los militares del presidente

Federico Berrueto

Nadie puede saber a ciencia cierta qué sentimiento domina en el ejército mexicano por la acusación y detención del general José Rodríguez Pérez. El subsecretario Encinas dio por veraces las declaraciones de dos delincuentes confesos del homicidio y, con base en ello, resolvió acusar al entonces coronel Rodríguez a cargo del 27 batallón de Iguala, de haber ordenado asesinar a seis de los 43 estudiantes. Muy grave la acusación; muy mal de ser verdad, y peor si no lo fuera porque Alejandro Encinas no encabeza a una entidad autónoma como la FGR. Es integrante del gobierno federal y actúa, como todo funcionario federal, a nombre del Presidente de la República.

Que se detuviera al General Rodríguez significa que la FGR consideró procedentes las pruebas presentadas por el subsecretario, pero muy revelador que no se le acusara de homicidio sino de delincuencia organizada. Es decir, el subsecretario no acreditó hasta ahora, que el militar ordenara la ejecución de los seis estudiantes. Más aún, la responsabilidad del militar y de sus subordinados que acredita el informe Encinas no documenta crimen de Estado, sino la colusión del coronel Rodríguez con el crimen organizada. Todas las investigaciones afirman que hubo connivencia de policías locales y municipales con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Es una paradoja que cuando el sector castrense obtiene mayores privilegios legales, presupuestales, administrativos y políticos, una investigación del mismo gobierno que como ningún otro los ha promovido señala a un alto mando militar en colusión delincuencial. Todo parece ser un intercambio, inaceptable por el sentido de honor de los militares: privilegios a cambio de dignidad.

Las palabras del General Secretario, Luis Crescencio Sandoval del 13 y 16 de septiembre van más allá de la obligada lealtad al presidente y a la Constitución, particularmente las primeras, que implican una reconvención del alto mando militar a quienes disienten del proceder del presidente. 30% de la población, casi la mitad de los diputados o senadores y la mayoría de los partidos políticos están en tal supuesto. Una parte importante de la opinión pública tampoco se apega a la visión de López Obrador. Premisa de toda democracia es la legítima coexistencia entre los que detentan el poder, quienes tienen una postura independiente y aquellos que se oponen. De las palabras del general se infiere otra cosa no sólo impropia, sino muy preocupante, intolerancia. Además, la amenaza a la soberanía no está en el exterior, como asume el General Secretario, sino de los grupos criminales y de la pasividad del mando civil ante tal amenaza.

La postura del jefe militar bien puede ser entendida como acuse de recibo por los beneficios otorgados y la confianza presidencial manifiesta a los militares, aunque también puede deberse a una malentendida lealtad hacia un mandatario que se comporta como jefe de partido, representante y vocero de una parte, de una visión del país que, precisamente, complica el sentido de las palabras del militar. En estricto sentido, el problema no está en él, sino en su superior. Como quiera que sea, encomiable que se reitere lealtad a la Constitución, y deseable que López Obrador actuara en consecuencia y se asumiera en su condición de Jefe de Estado, representante de todos los mexicanos.

La acusación al general José Rodríguez tiene un alto significado en la relación del presidente con los militares. Es una cuestión de principio que no se resuelve con la impunidad, sino con la claridad y contundencia de las pruebas que fundan la acción legal contra el militar y sus subordinados. Es difícil aceptar una acusación que parte del testimonio de criminales bajo proceso en búsqueda de beneficios.

Del supremo comandante de las fuerzas armadas, el presidente de la República, los militares no deben esperar privilegios o asignación de tareas que corresponden a los civiles, sino respeto. Para el caso concreto del General Rodríguez, una valoración de su presunta responsabilidad con estricto apego a derecho y valoración de pruebas. No parece ser el caso.

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