Federico Berrueto
Sabido es que no todo lo legal es correcto y tiene que ver con una tensión en el tema de justicia. Siendo prácticos, para las autoridades no puede haber otra justicia que la legal, la que se procesa a través de las instituciones y reglas formales. Para los ciudadanos hay espacio para diferenciar la justicia “legal” de la simple justicia.
La razón por la que los gobernantes no pueden excederse del concepto legal de justicia es para evitar que al amparo de una exigencia justiciera discrecional se cometan actos arbitrarios. La ventaja de la justicia legal es que tiene una definición precisa, mientras que la justicia en general es subjetiva, ambigua y materia de opinión; lo justo para unos, no lo es para otros. En un caso judicial es explicable que la parte favorecida por la sentencia diga que se hizo justicia; mientras, la otra parte seguramente señalará que fue injusto, que no hubo justicia. Lo importante es que quien administra justicia lo haga de manera imparcial, con rigor jurídico y razonamiento lógico.
El presidente López Obrador fue abusivo en extremo; sus excesos continúan en este gobierno y, al parecer, forman parte de la normalidad autoritaria. Por ejemplo, cuestionar la integridad profesional o moral de un juzgador porque falló en su contra lo volvía prueba irrefutable de venalidad o parcialidad. Su embestida no era contra la ley o el proceso judicial era contra el juez, bajo la idea de que López Obrador era la expresión de la voluntad del pueblo y, por lo mismo, irrefutable. En la medida en que se acumularon las decisiones del gobierno y del Congreso por su inconstitucionalidad, el rechazo presidencial se trasladó al conjunto del Poder Judicial Federal.
Conocido es que el presidente solicitó a la Corte fallar a favor en el juicio que impugnaba la ley que ordenaba la Guardia Nacional estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Constitución era concluyente en el sentido de que debiera depender a la secretaria responsable de la seguridad pública. No había margen para otra resolución; simplemente no era posible. De allí nace la determinación presidencial de acabar con la independencia de la Corte y del Poder Judicial como instancia que acredita la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las decisiones del Congreso. Fue una decisión que partió de la convicción de que por encima del presidente nada ni nadie, tesis compartida por la ahora presidenta. Por cierto, la presidenta Sheinbaum hizo realidad el cambio en la constitución para la militarización plena de la Guardia Nacional, en contra de las mejores prácticas y recomendaciones de expertos y organismos internacionales.
Ahora, con el debate de las leyes en materia de seguridad e inteligencia se pretende dar curso a lo indebido o incorrecto. Lo menos que se puede decir es que las normas que regulan las facultades extraordinarias de las autoridades, necesarias para combatir al poderoso y pernicioso crimen organizado, deben estar claramente expuestas en la Constitución a manera de evitar que estos recursos sean utilizados con otros objetivos, no sólo para combatir a opositores o críticos, también en contra de los ciudadanos en general.
No es correcto que las autoridades tengan amplios poderes discrecionales con reglas ambiguas y de imprecisa interpretación. El problema, como todo lo que pasa en este régimen, lo indebido se está legalizando, incluso incorporando en la Constitución. Además, el abuso de autoridad debe apreciarse con la ausencia de un poder judicial federal que asegure los derechos fundamentales de las personas. Las expresiones del futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, son suficientemente preocupantes porque su prioridad no está en la Constitución o en contener los excesos de autoridades, particularmente del Ejecutivo y del Poder Legislativo. Como tal se vuelve un tanto inocuo que las autoridades tengan que proceder a la autorización de juez si se considera la pérdida total de independencia, profesionalismo y autonomía del juzgador.
La normalización de la autocracia transita sin pausa a través del proceso legislativo. Ahora se trata hacer legal lo incorrecto, lo indebido, como ocurre en materia de facultades amplias para combatir al crimen, necesarias sí, pero inconvenientes cuando no se tienen todas las garantías de su correcto ejercicio.
Las acciones del gobierno durante estos siete años dan suficiente evidencia del uso político de las instituciones del Estado. Impericia, corrupción y parcialidad se han normalizado. El mismo presidente López Obrador sin reserva alguna divulgaba la información protegida de datos personales de periodistas y rivales políticos con el propósito de desprestigiarles. Además, este cambio legal parte de una premisa: que no habrá otro gobierno en el futuro que no sea el de Morena.
