CIUDAD DE MÉXICO.- Resulta fundamental que el Estado mexicano tome las medidas conducentes para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto en la próxima jornada electoral, así como la seguridad de la ciudadanía y de los funcionarios de casilla, expresó el senador Mario Zamora Gastélum del Grupo Parlamentario del PRI.
Lo anterior, dijo, debido a los niveles de violencia que hay en el país y la injerencia del crimen organizado para influir a favor o en contra de una candidata o candidato.
Tal situación, advirtió, impacta negativamente en la participación de la ciudadanía y los resultados electorales; y provoca que la contienda democrática sea rehén de elementos nada equitativos y peligrosos para los participantes.
Por tal motivo, el senador presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, a través del cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Gabinete de Seguridad y en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, implementen un plan de seguridad que garantice el pleno ejercicio del derecho al voto, la seguridad de la ciudadanía y de funcionarios electorales durante el proceso y la jornada electoral del próximo 5 de junio.
La propuesta, que se envió a la Primera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente, también busca que los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en conjunto con los organismos públicos locales y las autoridades de seguridad municipales y federales, garanticen la seguridad en las elecciones en sus entidades.
Asimismo, hace un llamado a la Fiscalía General de la República para que, a través de las fiscalías especializadas en delitos electorales, diseñen, establezcan, operen y difundan ampliamente un número telefónico para la denuncia de la participación del crimen organizado antes, durante y después de la jornada electoral.
Mario Zamora señala que el crecimiento de la violencia no es ajeno a los procesos electorales, ya que en las elecciones del 2021, en algunas entidades, la coacción del voto estuvo a cargo del crimen organizado.
Refirió que de acuerdo con la consultora Integralia, en ese año se registraron 90 incidentes de violencia política, 108 víctimas, de la cuales 75 fueron mortales, entre los que se encuentran funcionarios públicos, aspirantes a candidatos, periodistas, expresidentes, legisladores y jueces.
Al culminar el proceso electoral, precisó el legislador, 91 candidatos fueron asesinados y se registraron 910 agresiones de distinta índole, convirtiéndolo en el proceso electoral más violento de la historia.
Es por ello, puntualizó, que el Estado, en todas sus facetas, debe buscar la forma de inhibir la violencia y la injerencia del crimen organizado, que ponen en serio peligro a la democracia y sus participantes, antes, durante y después de una elección.
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