Teresa Gil
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La reforma al Poder Judicial, en especial al Consejo de la Judicatura, pretende dar un giro al comportamiento de juzgadores, muy alebrestado a lo largo de este gobierno. Los opositores que salen como siempre a boicotear cualquier medida, alertan sobre control judicial y madruguete en tormo al propio consejo. Sectores de ese poder, en franco desacato, han están urdiendo, en paradoja – por ser parte del mismo-, una especie de golpe de estado. No cumplir con sus funciones, contrariar la ley y convertirse en detractores a la justicia, es una medida de oposición organizada y violatoria. Son muchos los jueces que están jugando con la justicia mexicana, con la intención evidente de boicotear las otras funciones. En algunos casos la justicia está paralizada. Es un contrasentido, una violación flagrante a la norma suprema, querer hacer de tres poderes uno solo y desligarse de los otros dos, en franco utilitarismo particular. De hecho en México vivimos por largo tiempo esa situación en otro poder, el ejecutivo, al grado de que un solo hombre -como en un entorno dictatorial-, era la figura máxima, la última palabra en todo y fue común durante décadas. La debacle unipartidista, el descrédito de las figuras unipersonales, la ineficacia de un sistema, advirtió finalmente a la ciudadanía la trampa en la que había caído. Parece demasiado tarde por los muchos problemas que tiene el país, con sectores que utilizan la violencia para exigir soluciones y los que rebasan los ámbitos de comportamiento para poner en primer lugar sus problemas. Todos estamos en el mismo barco y la gran mayoría tiene problemas; rebelarse con violencia no conduce a nada, muchos menos cuando parte de un poder, como el judicial, no está cumpliendo con sus atribuciones y por el contrario está boicoteando al resto del estado. De ahí la reforma en marcha.
LUNARES EN LA JUSTICIA, AL NIVEL DE PERSONAJES SOMBRÍOS
La diferente actitud del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, , auguraba un cambio en un poder que muestra rebeldía, principalmente en lo referente a los salarios, -los que por cierto no han cambiado -, pero al parecer los llamados inferiores en ese ámbito no son controlados lo suficiente por la alzada. La reforma propuesta por Zaldívar y avalada por la presidencia de la República, plantea puntos fundamentales en el cambio judicial con el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, vincular a los jueces con el pueblo, la formación de profesionales en ese ámbito, avance en la paridad de género y promover la formación de abogados defensores públicos en relación permanente con las víctimas. La Suprema Corte y el Tribunal Electoral son los únicos organismos que no están bajo la férula del Consejo de la Judicatura, pero al parecer este no estuvo cumpliendo con sus funciones. Tiene bajo su cargo a tribunales de circuito y de distrito y a juzgados federales. Pero está la justicia local con tribunales superiores que al parecer tampoco controlan a su inferioridad. Son en su mayoría los jueces los que trastabillan la justicia. El del presunto criminal Óscar Andrés Flores Ramírez El Lunares, en la CDMX, es un caso que a muchos los ha movido a risa y utilizado para burlarse y señalar. Pero la cosa no proviene de las autoridades. Es el poder judicial el que está actuando a partir de minucias, para dejar libres a personas que pueden ser de gran peligrosidad. Los litigantes se agarran de ahí para jugar con la justicia. Se veía en el caso de Rosario Robles la forma como los defensores querían hacer de un asunto grave de presunta criminalidad, algo trivial a partir de la firma en una licencia de conducir. Por fortuna en ese caso hubo jueces -que los hay-, que pararon el asunto. Pero a río revuelto se ha querido sacar ventaja.
HUBO UNA VEZ CUATRO PODERES. EL CUARTO ERA SUPREMO ¿SIGLO DEL JUDICIAL?
Para algunos académicos y juristas de la UNAM, este puede ser el siglo del Poder Judicial (¿será por eso que está tan alebrestado?) Recuerdan que el siglo XIX que aportó tantas legislaciones importantes -entre ellas las Leyes de Reforma en un lapso de casi 20 años-, ha sido llamado el Siglo Legislativo. El pasado se atribuyó al Ejecutivo por la prevalencia que tuvo al erigirse en persona única del poder. Y este siglo, se sustenta, el Poder Judicial se yergue con una de las más completas coberturas en tribunales, con un legajo jurídico fundamental y una presencia que dejó de ser de tercera como lo señalan juristas como Héctor Fix Zamudio, al considerar que dicho poder había sido permanentemente relegado. Y en efecto, a lo largo de la historia constitucional y legislativa de México, el Poder Judicial nunca ha controlado las funciones estatales. Lo han hecho el legislativo y el ejecutivo. La existencia de los tres poderes que integran el estado, se hizo presente desde la Constitución de Apatzingán en 1814. Constitución que fue aplicada parcialmente en el país durante un año y cedió su aplicación después del asesinato de José María Morelos y Pavón, a el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, que formalizó esos tres poderes. Los documentos al respecto destacan que con el cura libertador, el poder que prevalecía sobre los otros, era el Supremo Congreso Mexicano. Muy conforme con la posición progresista de Morelos al darle la relevancia a los representantes del pueblo. A la de 1824, la sustituyó las Siete Leyes que creó un cuarto poder para vigilar a los otros. De hecho el llamado Supremo Poder Conservador, integrado por cinco gentes, era el verdadero poder. En los zipizapes constitucionales que se dieron durante el siglo XIX, se volvió a aplicar el Acta de 1824 y posteriormente vino la de 1843, con bases orgánicas que cedieron ante la Constitución de 1857. Esta fijó muchos preceptos de la actual, de 1917, en la que se definió en el artículo 49, la división de poderes. Con el poderío unipersonal que mencionamos arriba de parte del ejecutivo, en los hechos se estuvo violando la carta magna ya que todo dependía del presidente de la República. Ahora, con la oposición que se capta en sectores del poder judicial, la violación de la norma suprema proviene de los juzgadores, los que supuestamente deben posibilitar la aplicación de la ley y ser vigilantes de la vigencia constitucional. Una paradoja. Veremos que pasa con la reforma.
