Teresa Gil
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exoneró a la tienda Soriana que me sometió a privación ilegal de libertad el 2 de octubre pasado, y me agredió de la forma más inhumana como persona de la tercera edad, consumidora y ciudadana. Todo fue porque me negué a presentar mi recibo de compra. La tienda está ubicada en San Antonio y Miguel Ángel a un lado del parque Rosendo Arnaiz, de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. El breve fallo dictado el 6 de diciembre por la Profeco, habla de una verificación “Sin infracción” y cierra el caso. Hasta este momento, pese a que lo solicité no se me ha informado en que consistió la “verificación”. El hecho fue presenciado por más de 40 personas y bajo responsabilidad de la tienda y la propia Profeco, puedo reconocer a algunos de mis agresores. La Profeco había prohibido meses antes a las tiendas de autoservicio, exigir al cliente a la salida, el recibo de compra. Según su comunicado del 29 de abril de 2021, la medida se dictó basándose en el artículo 10 de la Ley Federal del Consumidor. Ha habido muchas quejas presentadas ante ese abuso de las tiendas, que actúan como ministerios públicos y a veces retienen en sitios apartados a clientes que se niegan a mostrar el recibo. Especies de cárceles clandestinas. Yo solo cumplí con la disposición de Profeco. Los guardias y varios empleados de esa tienda que me exigían la presentación de mi recibo, no solo impidieron mi salida previa cancelación de las puertas de una manera violenta, sino que me sometieron a humillaciones y en determinado momento, con amenaza de la presencia policial, me impidieron que me movilizara. Pude haber experimentado un shock. No tomaron en cuenta mi situación de adulto mayor. Fui permanentemente violentada. La policía, con cuatro agentes llegó poco después y gracias al jefe policíaco de esa unidad, que mostró molestia por la forma como se me había tratado, fui liberada. El policía exigió a los guardias agresores que me pidieran disculpas. Pero el delito ya estaba cometido.
¿QUE PASA CUANDO POR ÓRDENES ADMINISTRATIVAS SE COMETEN DELITOS?
Desde el 6 de diciembre del año anterior la Profeco declaró “sin infracción” a Soriana pese a que se cometió contra mi el delito de privación ilegal de libertad, tal como lo definió el agente de ministerio público que levantó mi denuncia penal en la Fiscalía, el 8 de octubre pasado, al mediodía. Yo lo había tipificado como secuestro en una crónica que publiqué el 5 de octubre porque me ofrecían la libertad a cambio de algo: el recibo. Después de la denuncia que hice ante Profeco el mismo día de la agresión y la denuncia posterior ante la Fiscalía, dejé pasar un tiempo pertinente. Pero aunque Profeco me informó la procedencia de mi denuncia, no me informó de su fallo. Me enteré hace apenas unas semanas. Tampoco en que consistió la verificación. Es lógico que si van a preguntar algo que los condena, lo interrogados lo van a negar. Pero yo los puedo reconocer, incluyendo al gerente al que pedí apoyo y me lo negó. Por escrito en correos electrónicos la responsable de la oficina de gestión y seguimiento de denuncias, Johana Jacqueline Sánchez Pacheco, me reiteró que la Profeco se concreta a los casos de su competencia, como una especie de estribillo ¿Pero que pasa si por cumplir disposiciones dictadas por esa dependencia se comete un grave delito? Yo he exigido y vuelvo a exigir, que Profeco me informe que verificación hizo para dictar su ”Sin infracción”. Ante las oficinas ministeriales de la Fiscalía de la CDMX, que está en la Alcaldía Benito Juárez, bajo la responsabilidad de la agente Griselda Elvira Munive Islas, presenté mi recibo de compras emitido poco después de las 16 horas del 2 de octubre de 2021. En el expediente de la Fiscalía se quedó una copia. Solo por no presentarlo en la tienda, estuve privada de mi libertad más de una hora sin derecho a movilizarme en los últimos momentos. Profeco declaró el hecho sin infracción, pero para mi sigue vigente. Soriana debe ser sometida a juicio y la Profeco ser investigada por el gobierno federal.
