Teresa Gil
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Volvemos a lo mismo. Tras una nueva expresión de violencia con la destrucción que ya todos conocemos, es urgente que el gobierno tanto federal como local apliquen la ley. No esperemos que ocurran situaciones más graves aún, que se tengan que lamentar. Una cosa es reprimir, otra tener el derecho en la mano. Por lo ocurrido en fechas recientes durante un acto contra la gentrificación y la agresión de encapuchados en varias calles de la ciudad, parece que las autoridades al menos las federales, empiezan a pensar en la ley. Y no en alguna que tenga que ver con la gentrificación porque no existe pese a que está presente en la capital desde hace mucho, sino en el castigo a los agresores. Si las altas autoridades toman la reacción social que suelen hacer los opositores para castigar pueden acudir a la propia sociedad y convocar a sectores representativos a los que se les señale la decisión legal y se diriman los casos que llevan a esa situación. Los violentos que operan al amparo de una manifestación, ya sea porque sea cosa propia o estén estimulados por alguien, van subiendo de tono.. Usan el escondrijo de su rostro con el fin de no ser exhibidos pero eso agrega culpabilidad a su acción. En ciertos casos los propios organizadores de las marchas saben quienes son y porque están presentes. No hay pues una investigación profunda que se haga para detener a los culpables y saber quienes los enviaron. Y cuando la hay, no la aplican.
EN LA GENTRIFICACIÓN HAY VARIOS PROBLEMAS QUE SE TIENEN QUE ENFRENTARSE
El problema de la gentrificación es mundial y solo en Europa ya hay manifestaciones muy concurridas en contra de los que llegan de otros países como turistas o como posibles habitantes de temporada. R este último caso suele adquirirse la casa o departamento. La ciudad de México es un espacio muy turístico porque tiene muchas cosas valiosas para el visitante. Pero la penetración del negocio por lo general con firmas extranjeras, se apoya en el precio bajo y la posibilidad de hacerlo en zonas que so turísticas. Pero en eso hay una permanente violación porque se expulsa a los habitantes originales. En donde yo vivo ya hay varios departamentos que tienen ese sistema y sus dueños jamás sometieron esa situación a una asamblea o al menos al Comité de vigilancia. Los condóminos no son informados. Con excepciones, los huéspedes son gente seria y no causan problemas, pero la situación es que el problema en si es que no hay una legislación y que en el caso de la capital, está la Ley de propiedad de condominios y desde luego la responsabilidad de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC).
LA PROSOC DEBERÍA TENER POSTURA ACTIVA FRENTE A GENTRIFICACIÓN.
La ley de condominio es clara en la forma como deben los propietarios convivir con espacios que son comunes para todos. La gran mayoría de los más de 8 mil condominios que hay en la capital son habitacionales, por lo tanto no están permitidos los negocios salvo los espacios que el propio condominio permita para cuestiones fundamentales, un abarrote o una farmacia. Pero no la renta como pensión. En esos medios se sabe quien renta a nivel de pensión por lo general durante días. La Prosoc debería de participar en estos casos y aunque la ley no la autorice directamente, aplicar el concepto de propietario en un espacio habitacional, no de negocio. Ante la falta de leyes se habla de reformar la Ley de Turismo y la Ley de Desarrollo Urbano. Se han iniciado las llamadas plataformas de alojamiento para llevar un control, pero a nuestro entender, frente al problema el ofrecer soluciones a través de la vivienda social es como dejar que los que abusan de esta situación se queden muy contentos. Se debe hacer ese tipo de vivienda, pero enfrentar legalmente a los que están expulsando a la gente de sus viviendas, para un negocio de hotel casero.
