Teresa Gil
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Peligrosa postura que pondría en riesgo a la democracia en nuestro país, es la que están recalcando algunos magistrados y jueces, en relación a los atributos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo a ellos la última palabra en los problemas que se han dirimido, la tiene la Corte. Al tratar de quitar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estarían poniendo en riesgo su función y ningún acto electoral en el país tendría definitividad. El utilitarismo de la Corte, convertida ya, en un ente político, sería el que decidiría todo el sistema electoral en el país. Se les olvida a los insistentes defensores de sus cuantiosos ingresos, que el TEPJF, es también del Poder Judicial porque como su nombre lo dice y lo integra, está señalado en la primera parte del artículo 94 de la Constitución. Por lo tanto, en una decisión que el TEPJF tome desde sus facultades constitucionales, son decisiones también del Poder Judicial, que en este caso es el órgano colegiado al que pertenece.
ALEGAN FACULTAD DE LA CORTE PORQUE HAY OTROS CASOS DE SU FUNCIÓN
Los magistrados y jueces que reprueban que el TEPJF haya acudido al Senado para cubrir lo que debió de hacer el Comité de Evaluación del Poder Judicial y en lo que no cumplió pese a órdenes recibidas, señalan que se debe a que hay contradicción. Se debe, dicen, a que aparte de lo electoral hay otros temas que solo debe tocar la Corte. Por lo que se sabe, la presidenta de la sala superior del tribunal Mónica Soto, envió la función al Senado como opción alternativa ante el incumplimiento, desde luego prevista. Y públicamente lo ha sostenido el tribunal como una función electoral que nada tiene que ver con otros temas. Y que por lo tanto no hay contradicción ni se viola la Constitución. La Corte no tiene porqué intervenir. El Senado asumió la función y será él, el que haga la evaluación sobre la insaculación de los elegibles para el Poder Judicial. En ese problema permanente que han creado en la Suprema Corte y algunos jueces de alzada y magistrados, para impedir a toda costa la elección del primero de junio que reformará al mencionado poder, lo hacen porque les quitará a los actuales ministros la vida regalada que se dan y no pasa semana que no inventen algo o interpreten la Constitución a su antojo.
