Teresa Gil
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El gobierno mexicano no es muy cumplidor con los organismos internacionales como lo vimos en el caso Ayotzinapa, pero la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) si lo obligará a su cumplimiento porque México pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la presión internacional que se desprenderá del fallo. Este se dictará en el 2018, en pleno proceso electoral. La resolución llegará al fondo del asunto en el caso de las mujeres violadas y sobajadas en Atenco por oficiales del Estado de México. Los hechos ocurrieron los días 3 y 4 de mayo de 2006. La comparecencia de cinco mujeres de las once que presentaron su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reenviada después al alto tribunal, se inició el 16 de noviembre en la sede del organismo en San José Costa Rica. La incertidumbre pende sobre el gobierno mexicano, cuyo titular era gobernador del Estado de México cuando ocurrieron los hechos. A las audiencias, muy concurridas, asistieron dos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores(SRE) para presentar la posición oficial. Dos días antes del inicio de las audiencias, el ex jefe de la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) del Estado de México Wilfrido Robledo Madrid, declaró que con la intervención policiaca se permitió “desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad”. O sea, que de acuerdo a ese punto de vista, se castigó la llamada rijosidad de los activistas atequenses con la violación y sobajamiento de sus mujeres. Idea parecida aplicó Diaz Ordaz en la matanza de Tlatelolco: matar a los estudiantes y a los que los apoyaban, para terminar el problema, ¿lo mismo se aplicó con los estudiantes de Ayotzinapa, la gente de Nochixtlán y otros casos similares, para eliminar el problema de la protesta? Los sucesos de Atenco estaban cargados por el rechazo al aeropuerto que quería imponer-como ahora el actual-, el gobierno de Vicente Fox. En 2006, después de la cancelación del proyecto, la inconformidad seguía y estalló el conflicto la madrugada del 3 mayo con la presencia de más de 2 mil policías. Dos personas jóvenes murieron, fueron encarcelados los líderes y las mujeres sometidas a las más bajas agresiones de parte de policías enmascarados que evidenciaban lo planeado de la agresión: llevaban condones, videos pornos y todo lo que se necesitaba para vulnerar a 26 mujeres ( algunos hablan de 31). Los nombres de los mandatarios relacionados con los hechos por la gente de Atenco, siempre estuvieron claros: Vicente Fox por el gobierno federal y Enrique Peña Nieto por el Estado de México. Nadie de los que intervinieron ha sido condenado, aunque se habla de alrededor ded 40 procesados. Y once mujeres de las 26, después de haber agotado los procedimientos nacionales, presentaron su demanda en la CIDH, en primer lugar. En la resolución enviada por esta Comisión al gobierno federal, se determina la culpabilidad por graves agresiones sexuales. Al no haber una respuesta de México la mencionada Comisión dictó una declaración final de incumplimiento de parte del gobierno mexicano y en julio envió el caso a la Corte. Las cinco mujeres que fueron seleccionadas para intervenir son Norma Aidé Jiménez Osorio, quien fue la primera en hablar el día 16, Claudia Hernández Martínez, Barbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Los casos descritos son terribles, con una exigencia permanente de justicia. Por el gobierno federal estuvieron presentes Miguel Ruiz Cabañas Secretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y Erasmo Lara director general de Derechos Humanos y Democracia, ambos de la SRE. La sentencia será dictada de acuerdo a los documentos formuladas en la creación de la Corte en septiembre de 1979 y que han sido revisados y adaptados a la época. La Corte fue creada después de la CIDH, ante la necesidad de un organismo judicial internacional. En tanto la CIDH puede buscar la conciliación entre las partes, la Corte fundada en hechos y pruebas, dicta resoluciones definitivas e inapelables que los estados miembros de la OEA, para los que actúa, están obligados a cumplir. Así lo sostiene el artículo 68 de su estatuto. Hay un legajo de documentos básicos de 328 páginas que tiene a disposición tanto la OEA como la CIDH para los usuarios miembros y públicos en general. La sentencia que dictará la Corte en 2018, podría poner en jaque, en pleno proceso electoral como ya se mencionó, a varios de los involucrados en aquel suceso. Aunque desde ahora, los representantes del gobierno han dicho que acatarán la sentencia. En el debatido caso, el que ha permanecido en pleno deslinde ha sido Vicente Fox, quien era presidente de México en aquella crucial situación. Pero algo le tocará.
