CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Rubén Moreira Valdez informó que los grupos parlamentario del PRI, el cual coordina, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas en materia de Amparo y Amnistía. “Tenemos que detener la destrucción de las libertades y la democracia”.
En un comunicado el coordinador parlamentario consideró que las pésimas modificaciones de Morena a la Ley de Amparo son un retroceso en materia de derechos humanos, ya que violan el artículo primero de la Constitución Política, en perjuicio del más débil.
Recordemos, aseveró el político coahuilense, que el artículo referido establece que los derechos humanos son progresivos, por lo que la iniciativa que se votó por Morena hace que la justicia solamente sea para los ricos, para los que puedan pagar un abogado y tramitar un amparo.
El legislador subrayó que la aplicación de la amnistía no debe atentar contra el justo derecho a la reparación del daño de las víctimas, ni ser ocasión para que el Ejecutivo sobrepase la facultad que constitucionalmente le corresponde al Congreso de la Unión.
Insistió que la fracción XXII del artículo 73 constitucional señala que al Congreso de la Unión le corresponde la facultad para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación, por lo cual la reforma realizada al artículo 9 de la Ley de Amnistía con el voto de legisladores oficialistas va en contra de lo previsto en la Carta Magna. Con ello, dijo, vemos que Morena quiere liberar asesinos y narcotraficantes.
Agregó que esta reforma hace que el Poder Ejecutivo también se atribuya facultades que corresponden al Poder Judicial y que sobrepase lo ya actuado en un juicio, sin considerar lo que se haya resuelto a favor de la víctima de un delito en materia de reparación del daño.
Sobre la reforma a la Ley de Amparo, reiteró que ésta atenta contra los derechos de igualdad y la debida tutela del acceso efectivo a la justicia.
“La suspensión de una norma general en contra de los derechos previstos en la Constitución debe beneficiar a todos conforme al principio de progresividad y a criterios emitidos por órganos jurisdiccionales en materia de derechos humanos”, insistió Moreira Valdez.
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