MORELIA, MICHOACÁN.- El Congreso de Michoacán recibió una iniciativa que busca reforzar la seguridad de alcaldes amenazados por el crimen organizado, endurecer sanciones penales y ajustar reglas del sistema de justicia para menores de edad. La propuesta, conocida como Ley Manzo, surge a casi mes y medio del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y plantea medidas de protección federal obligatoria, castigos más severos para delitos contra autoridades municipales y cambios de carácter conmemorativo.
El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, presentó un paquete con diez ejes orientados a prevenir hechos de violencia similares. El punto central propone protección federal inmediata y obligatoria para presidentes municipales que acrediten amenazas, en especial en zonas de alto riesgo. El mecanismo prevé una reacción expedita del gobierno federal cuando existan denuncias públicas o formales que adviertan peligro inminente.
Además, el proyecto contempla penas más severas para quienes asesinen a ediles o presidentas municipales. La iniciativa eleva las sanciones hasta 65 años de prisión, con un enfoque disuasivo frente a ataques contra autoridades locales. También incorpora medidas para sancionar la portación de insignias falsas de seguridad y exige mayor transparencia de la Fiscalía estatal en casos de alto impacto.
Durante la sesión, Bautista Tafolla expuso los fundamentos de la propuesta y subrayó que el objetivo es evitar la repetición de crímenes contra autoridades. El proyecto incluye ajustes para simplificar requisitos de movimientos independientes y fortalecer la coordinación institucional. Tras la exposición, el legislador se retiró del pleno, lo que detonó críticas de distintos grupos parlamentarios.
La iniciativa introduce reformas al sistema de justicia para adolescentes. El planteamiento establece que menores que cometan delitos graves, como homicidio doloso o participación en delincuencia organizada, reciban sanciones equiparables a las de un adulto, con el argumento de evitar la liberación automática al alcanzar la mayoría de edad. Asimismo, propone responsabilidad penal para familiares que protejan a personas que hayan cometido delitos, cuando existan elementos que acrediten encubrimiento.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la posibilidad de facilitar la portación legal de armas para legítima defensa, bajo controles normativos. Legisladores expresaron posturas divergentes sobre el alcance de esta medida. Desde la bancada morenista surgieron señalamientos críticos, entre ellos el llamado a no politizar la inseguridad en Uruapan.
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La Ley Manzo incorpora disposiciones simbólicas. Propone declarar el 1 de noviembre como aniversario luctuoso en los 113 municipios del estado, izar la bandera a media asta e inscribir en letras doradas el nombre de Carlos Manzo Rodríguez en el muro del pleno. Con ello, el proyecto busca reconocimiento público y mantener vigente el debate sobre la protección de autoridades locales.
En conjunto, la iniciativa abre una discusión amplia sobre seguridad municipal, sanciones penales, derechos juveniles y responsabilidad institucional, con implicaciones jurídicas y políticas que el Congreso deberá analizar en comisiones.
AM.MX/fm
