WASHINGTON, 30 de junio (Al Momento).- El proyecto de ley de migración aprobado por el Senado de Estados Unidos la semana pasada ofrece un camino estrecho a la legalización y altos costos para la seguridad fronteriza.
El camino a la legalización y ciudadanía estadunidense para unos 11 millones de indocumentados “es muy estrecho y duro”, declaró la directora del programa de Inmigración del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Clarissa Martínez.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, analiza por su parte su propia versión de una iniciativa de ley que pone como prioridad la seguridad fronteriza, en contraste con una visión más integral en el Senado.
El proyecto en el Senado permite a los indocumentados un ajuste al estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI) que suspende su deportación para luego de 10 años solicitar la residencia permanente y luego la ciudadanía en un proceso que puede durar tres años.
Los potenciales beneficiarios son los que pueden probar que han residido en el país antes del 31 de diciembre de 2011, se inscriban, paguen mil dólares de multa y comiencen el proceso de legalización.
El precio para alcanzar esa meta es de 46 mil millones de dólares en seguridad fronteriza en un plazo de 10 años para ampliar la construcción del muro con México, usar la tecnología para incrementar la vigilancia y duplicar a casi 40 mil en el número de agentes fronterizos.
Esas medidas fueron incluidas en una enmienda de los senadores republicanos Bob Corker y John Hoeven que permitió un amplio apoyo bipartidista al proyecto impulsado por ocho senadores, cuatro demócratas y cuatro republicanos.
Las excepciones para un proceso más acelerado son para los jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos y los inmigrantes que ya tienen un Estatus de Protección Temporal (TPS), muchos de ellos centroamericanos.
Los jóvenes indocumentados que se inscriban en las fuerzas armadas pueden obtener la ciudadanía inmediata.
Los trabajadores agrícolas que prueben que trabajaron en Estados Unidos podrán obtener una “tarjeta azul” válida por ocho años, pagar una multa y solicitar la residencia permanente en cinco años, siempre y cuando continúen trabajando en el campo.
Luego de instrumentada la ley, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) debe informar al Congreso sobre el control operacional de la frontera, que, en caso de no lograrse, agregará más recursos y establecerá una Comisión de Seguridad Fronteriza.
Los requisitos para el camino a la ciudadanía incluyen el aprendizaje de inglés, el pago de impuestos y multas.
Sin embargo, bajo el proyecto del Senado, los indocumentados beneficiados de una legalización, en el tiempo en que dure su estatus provisional, no tendrán acceso a programas como el Seguro Social o el Medicare de atención médica para personas mayores ni el Medicaid para familias de bajos recursos.
Esa medida ha generado preocupación entre grupos pro-inmigrantes, porque muchos ya aportaron con sus impuestos a esos programas.
Otra de las preocupaciones es que la fuerte presencia policial en la frontera puede crear abusos a los derechos humanos, en caso de que esas fuerzas carezcan de entrenamiento adecuado para aplicar la ley de inmigración.
“Es un precio alto que hay que pagar (por la legalización), lo cual no es buena política pública ni fiscal, pero desgraciadamente ha dominado ?la narrativa de la frontera? en el debate sobre inmigración, lamentó Martínez.
Sin embargo, el proyecto de ley aumentaría las visas de reunificación familiar.
En el sistema de no inmigrantes, la cifra de visas H-1B para trabajadores calificados también tiene previsto aumentar. Sin embargo, elimina la llamada “lotería” de visas para la residencia permanente.
Una medida interesante es que un grupo limitado de deportados puede regresar si son jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos, así como padres o cónyuges de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales.
Además, inmigrantes elegibles que enfrentan deportación entre el día en que el proyecto se convierta en ley y el día que entre en vigor el programa RPI aún tendrán una oportunidad de solicitar.
El proyecto de ley S.744 con mil 200 páginas enfrentó una avalancha de cientos de enmiendas, muchas de ellas impulsadas por opositores para obstruir su aprobación.
Las secciones incluyen la seguridad fronteriza, sistema de visas, la aplicación interna de las leyes, que incluye el sistema E-Verify de verificación electrónica de empleo, y reformas a visas para no inmigrantes.
Entre tanto, los trabajadores poco calificados pueden solicitar las nuevas visas W sólo para el sector no agrícola, que incluye servicios, hotelería y construcción, el cual es renovable cada tres años, ofrece protecciones y permite la residencia permanente.
El proyecto de ley también crea la visa X para los inversionistas, que se concede por tres años y tiene un límite de 10 mil por año. Algunos de los beneficiarios de esas vías podrían solicitar la residencia permanente.
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