Adrián García Aguirre / Santa María Chimalapas
* “Sembrando vida” paga por la imposición de megaproyectos.
* Recetas mágicas a partir de un decreto ambiental.
* Fraude y montaje en la exposición oficial de motivos.
* Foro en San Ildefonso en defensa del Istmo de Tehuantepec.
A fines de 2019, algunos estudiantes de antropología social iniciaron una etapa de inserción laboral en materia agraria en los Chimalapas, en la región oriental del Istmo de Tehuantepec, a través del programa gubernamental “Sembrando Vida”, puesto en entredicho hasta por sus beneficiarios.
Uno de los momentos memorables de ese proceso fue cuando el entonces titular del Comité de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales, se refirió abierta y llanamente en reunión con el coordinador territorial de dicho programa social:
“Sabemos perfectamente que “Sembrando Vida” es el pago o compensación para nosotros los dueños de la tierra por la imposición del Corredor Interoceánico, Megaproyecto en desarrollo en el Istmo de Tehuantepec.”.
El Comisariado de Bienes Comunales hizo la invitación para asistir a un evento formal entre instituciones ambientales (Conanp, Profepa, Conafor y Semarnat) y autoridades comunitarias de Santa María Chimalapa y sus agencias municipales.
En esa reunión, el titular de Conanp y su representante legal hicieron hincapié en que las recetas mágicas contra todos los males a nivel socio-ambiental en la región era alcanzar el decreto de Áreas Naturales Protegidas.
Argumentaron que, con un decreto o varios, ellos como comuneros podrían obtener mayor financiamiento para el combate a incendios forestales, así como defenderse legalmente de las concesiones mineras y del megaproyecto del Istmo de Tehuantepec.
Se solicitó al funcionario de la Conanp que hablara a los comuneros acerca del contenido de la Ley Minera y de la nefasta propuesta de Ley General de Biodiversidad, legislaciones ecocidas de origen.
El representante federal perdió la cordura, y dada su negativa a contestar, fue necesario explicar a los ahí reunidos que el planteamiento por estos actores era un fraude y un montaje.
La verdadera esperanza para defender sus territorios y bienes naturales comunes es a través de sus sistemas normativos internos, la propiedad social comunal y la conservación comunitaria, voluntaria y consciente que vienen desempeñando desde hace al menos tres mil años de ocupación probada de ese territorio, el más biodiverso de México.
Luego vino la invitación de Miguel Ángel García Aguirre para participar en un foro en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la UNAM, en torno a la defensa del Istmo, su territorio, la identidad de sus pueblos y sus recursos naturales.
Comenzaría así de manera formal la labor de divulgar que la región de los Chimalapas merece ser reivindicada como la número uno en materia de su conocimiento y conservación en la nación.
En conversación con varios comuneros chimas, se les comentó que la máxima ambición era conocer a un jaguar frente a frente: “No ambiciono retratarlo, pero el simple hecho de verlo sería un sueño hecho realidad”, dijo alguien.
Él compañero chima respondió: “Están viendo a uno ahora mismo, los comuneros de los Chimalapas somos los verdaderos tigres de la montaña”.
Al margen del río El Corte (Woti No) hubo un diálogo memorable: un comunero, joven padre de familia, tenía dudas existenciales, pero a la vez una claridad contundente acerca del crítico y complejo panorama social y ambiental que aqueja a la región.
Hablamos sobre los decretos y acerca de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, la minería, el manejo forestal comunitario, el pago por servicios hidrológicos ambientales, el ecoturismo, la conservación de la biodiversidad, los usos y costumbres que deben ser siempre respetadas y preservadas.
