CIUDAD DE MÉXICO.– En el marco de las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) lanzó una crítica contundente contra la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, al advertir que esta propuesta debilita los mecanismos de defensa ciudadana frente al poder público.
Durante su intervención, Murguía identificó dos puntos críticos en la iniciativa: la redefinición del interés legítimo y el debilitamiento de la figura de la suspensión, ambos pilares fundamentales del juicio de amparo. “Esta reforma no es pro persona, sino pro autoridad”, afirmó, al señalar que el proyecto busca blindar a las instituciones frente a los reclamos legítimos de la ciudadanía.
La senadora cuestionó directamente a la especialista Luisa Conesa, sobre si esta nueva definición del interés legítimo —que exige un beneficio cierto, directo y diferenciado— impide los amparos colectivos y el control difuso de la constitucionalidad, afectando a comunidades indígenas, ambientalistas y padres de familia que luchan por derechos básicos como el acceso a medicamentos.
Una reforma con implicaciones regresivas
Diversos juristas y académicos han coincidido en que la reforma representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos, al limitar el acceso al juicio de amparo para colectivos y sectores vulnerables. El ministro en retiro Javier Laynez Potisek advirtió que “una reforma al juicio de amparo que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación”.
La figura de la suspensión provisional, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el juicio, también se ve amenazada. Bajo la nueva propuesta, los jueces podrán negar suspensiones si consideran que afectan el interés social o el orden público, lo que abre la puerta a una interpretación discrecional y politizada.
Impacto en los derechos colectivos y ambientales
Organizaciones civiles han alertado que la reforma restringe la legitimación procesal de colectivos, lo que podría impedir que se presenten amparos en defensa del medio ambiente, la salud pública o los derechos indígenas. Casos emblemáticos como los amparos contra el Tren Maya o la refinería Dos Bocas habrían sido inadmisibles bajo los nuevos criterios.
“La contaminación de un río o la tala de una selva no afecta a una sola persona, sino a comunidades enteras. Si se exige una afectación directa y personal, se excluye a quienes históricamente han defendido bienes comunes”, advierten expertos en justicia ambiental.
¿Modernización o autoritarismo?
Aunque el gobierno defiende la reforma como una medida para agilizar los juicios y evitar abusos del amparo por parte de grandes corporaciones, especialistas como Javier Martín Reyes señalan que “sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”.
La senadora Murguía concluyó su intervención con una advertencia: “No podemos permitir que el juicio de amparo, que nació como escudo contra la arbitrariedad, se convierta en un instrumento para blindar al poder frente al pueblo”.
AM.MX/fm
