Federico Berrueto
Para no pocos resultó un desencanto la presentación de la plataforma Unid@as del pasado martes, promovido por las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. La realidad es que la traición de los dirigentes y legisladores del PRI al proyecto opositor ha significado la merma del optimismo de meses atrás. El desaliento es explicable y porque se sabe bien que la lucha electoral necesariamente pasa por los partidos políticos.
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, ha informado que es inminente el inicio del proceso legislativo respecto a la reforma electoral. En la semana, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, puso al descubierto que la traición del PRI se procesó desde hace tiempo y que la agenda de los cambios incluye a la reforma electoral; los voceros del PRI han dicho que no hay proyecto a presentar y tampoco a discutir. Lo cierto es que la iniciativa presidencial difícilmente será aceptada, incluso por los socios de la alianza opositora ya que la fórmula de integración de Cámaras los llevaría a la pérdida de representación parlamentaria, además de lo que implica acabar con la autonomía del INE. Pronto se verá qué destino tendría un cambio que desde ahora se anticipa accidentado e incierto.
Como quiera que se vea, es necesaria una fuerte y eficaz presencia ciudadana en el marco de la crítica al abuso del poder y la conformación de un proyecto alternativo al existente. La elección intermedia deja importantes lecciones. Por una parte, lo más relevante, hay una sociedad urbana que rechaza al presidente López Obrador, descontento que se manifiesta a través del voto. El avance de la oposición en 2021 no es mérito partidario, sino la presencia de una ciudadanía decidida a rechazar el orden de cosas. Las elecciones de 2023 plantean más oportunidades de las que parece y serán, de alguna forma, anticipo de lo que vendrá en 2024. A diferencia de las elecciones para gobernador de 2021 y 2022, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila no serán día de campo para Morena.
La segunda lección de los comicios de 2021 es que los partidos opositores no han procesado el cambio en su interior, continúan actuando en la inercia autoritaria. La designación de candidatos se apartó de todo criterio en forma y fondo de los actuales requerimientos. El caso que se muestra patético es el del PRI, al desentenderse del mandato democrático de conformar un frente opositor; dados los antecedentes de sus dirigentes, no debiera ser sorpresa el curso al colaboracionismo.
La vía ciudadana que conforma Unid@s es no sólo pertinente, sino indispensable. Al criticarle no han considerado que la mayor insuficiencia del discurso opositor -ciudadano y partidista- es no anticipar la situación del país al término del gobierno. El desmantelamiento institucional y el grave deterioro del estado de derecho, el curso militarista del gobierno, la incertidumbre económica y dificultades para la economía popular plantean un escenario más grave y crítico del que la oposición y muchos de los observadores visualizan.
El énfasis en los objetivos electorales lleva a creer que la convocatoria opositora es una mera disputa por candidaturas y cargos; pero, debe incorporar los mínimos de respuesta del escenario de descomposición política y de crisis institucional que se avecina. No es mucho pensar en términos de una propuesta de salvación nacional, la que deberá plantear el rumbo hacia la reconciliación política y social, no para regresar al estado de cosas previo a la tormenta que ha sido esta gestión, sino para volver realidad el anhelo de cambio de los mexicanos y dar expresión y respuesta al descontento del ayer y de ahora.
Como tal, la oposición -ciudadana o partidista- debe tener presente que la derrota de López Obrador será inexorable por el mero tránsito del tiempo, por más que en la disputa sucesoria de Morena la oferta sea, precisamente, el continuismo. Aunque en forma y fondo el proyecto actual tiene fecha cierta de caducidad, muy importante es cómo contener la devastación en curso y qué deberá hacerse después de los comicios de 2024, tarea no solo de partidos, políticos y autoridades. La sociedad civil tiene una responsabilidad mayor.