CIUDAD DE MÉXICO, 13 de septiembre.- (AlmomentoMX).- Impulsar una reforma electoral no sólo debe contemplar la reducción del financiamiento público a partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE). También debe incluir fiscalización, transparencia y participación ciudadana, señaló la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre.
Al participar en el 1er Foro Diálogos Sobre Una Posible Reforma Electoral, organizado por el la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado reconoció que el financiamiento público que el INE puede ser excesivo.
“El año pasado el INE recibió casi el mismo monto que el presupuesto que mi estado, Zacatecas, cercano a los 25 mil millones de pesos. Entonces, no posible que mientras los gobernadores hacen un esfuerzo extraordinario en tantos rubros: educación, seguridad pública, infraestructura carretera, etcétera; el INE, en un año, donde incluso no puede haber elecciones, reciba ese financiamiento. Es ofensivo”, enfatizó.
Geovanna Bañuelos aseguró que la reforma electoral puede estar aprobada en este periodo ordinario de sesiones, pero se debe tomar en cuenta el momento histórico que está viviendo México y los cambios profundos que requieren las instituciones del país.
Destacó que actualmente la democracia de México es la más cara en Latinoamérica, además, en los último 18 años, el presupuesto del INE se ha incrementado en un 300 por ciento.
“Ante una cuestionada clase política, debemos preguntarnos si a mayor financiamiento a los partidos políticos se incentiva la participación ciudadana”, reflexionó.
Como ejemplo, expuso el bajo nivel participativo que se registró en el proceso electoral de 2018. “Como país es vergonzoso vivir una elección en la que somos incapaces, las autoridades, los partidos políticos, los representantes, los candidatos, de estimular que la gente participe y elija a sus autoridades”.
Por ello, aseveró que se debe analizar con detenimiento posibles ajustes al financiamiento público sin comprometer la equidad en la distribución, las actividades del INE, del TEPJF o la participación ciudadana.
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