Por José Luis Camacho López.-El ingeniero industrial Alfonso Jesús Martínez Álcazar, de 50 años, ha sido tres veces electo presidente municipal de Morelia. En 2015 como independiente; en 2021 por la alianza PAN-PRD; y reelecto de nuevo como independiente para el periodo 2024-2027. Es un alcalde atípico en el contexto de las turbulencias de inseguridad pública y políticas que vive la población de Michoacán.
Franco y directo recuerda que los cuatro los planes elaborados para Michoacán por los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Duda de la efectivad de este último plan Michoacán por la Paz y la Justicia y espera que no se requiera otro plan.
Encuentra fallas. Excluyeron el eslabón más débil de la inseguridad pública: los policías municipales y a los mismos municipios. Una de sus fragilidades se encuentra en sus salarios. En Morelia los policías tienen un ingreso de 14 mil pesos, cursan la carrera de policías y cuentan con una Casa del Policía, según se jactó Martínez Álcazar.
Para este presidente municipal con tres elecciones consecutivas espera que este nuevo Plan no sean de “aspirinas” después de considerar que durante las sesiones previas para formularlo en la secretaría de Gobernación, las reuniones eran muy escuetas, sin ser escuchados los presidentes municipales.
Martínez Álcazar cree que mientras esté la federación en el estado con toda su estrategia de seguridad pública de unos 18 mil elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y Marina “no se van a robar ni un alfiler”, pero se pregunta: ¿qué pasará cuando se vaya?
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, después del asesinato del empresario limonero, Bernardo Bravo Manríquez exasperaron a la población no solamente de Michoacán, del país. La inseguridad pública desbordada con esos dos crímenes.
La historia de este siglo de Michoacán es de agravios a su población. Un estado con los recursos naturales más extraordinarios para garantizar a su población una larga vida de prosperidad, bienestar y paz social.
En el siglo XXI de la alternancia del poder público y político en el país, ninguno de sus siete gobernadores, tres del PRI, cuatro de izquierda, del PRD y Morena han logrado gobernar en todo el estado. La población de municipios ha estado bajo el asedio de la violencia criminal de los diferentes grupos que se disputan el dominio territorial del estado.
La alternancia en el poder en el palacio de gobierno de Morelia no ha sido ninguna garantía de una democracia representativa y participativa para la población. Es un estado débil para cumplir con una de sus principales funciones: asegurar la vida y la paz de sus gobernados.
Al iniciarse este siglo con la gubernatura del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), el tercero de la dinastía iniciada por el general Lázaro Cárdenas del Río, estalló la crisis. Felipe Calderón, ansioso de legitimar su gobierno, oriundo de Michoacán, tras las dudosas elecciones presidenciales de 2006, concurrió feliz a militarizar el estado y desbarrancarlo al llamado del último mandatario de la generación cardenista
En los círculos de la comunicación política del Movimiento de Regeneración Nacional, Calderón es el malo con el argumento de la equivocada militarización y de su fracaso estrepitoso para rescatar Michoacán de la creciente criminalidad bajo la protección de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública juzgado y sentenciado en Nueva York. No están equivocados, pero no es la única causa de lo causado.
Ninguno de los siete gobernadores del siglo han dado el ancho ante los desafíos de gobernabilidad del estado. Los tres priistas en un muy abrupto proceso de gobierno electo, sustituto e interino de Fausto Vallejo Figueroa (2012-2013 y 2013-2014); José de Jesús Reyna García ( 2013-2013); Salvador Jara Guerrero (2014-2015); y los cuatro de una iluminada izquierda que no ató ni desató en el estado: Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008); Leonel Godoy Rangel (2008-2012); Silvano Aureoles Cornejo (2015-2021) del PRD; y el último Alfredo Ramírez Bedolla por Morena a partir de 2021 que le ha tocado gobernar bajo sospechas.
Afortunada ha sido Michoacán en los gobiernos y liderazgos de los generales Lázaro Cárdenas del Río (1920) y Francisco J. Mújica (1920-1922). Distingue la gestión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, heredero de la memoria de su padre, entre 1980 y 1986.
En esa historia infructuosa de este siglo en la tierra de los Cárdenas hacen su aparición una serie de organizaciones dedicadas a la extorsión, el secuestro, los asesinatos, las levas de adolescentes; infiltración de los poderes municipales, control de comunidades y del tráfico en carreteras.
El investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés estima que 17 organizaciones criminales operan en alguno de los municipios del estado. Ninguna de las alcaldías, asegura este investigador, está libre de la presencia de estos grupos criminales. La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Biagra, el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre los prominentes.
“Ningún municipio michoacano está libre de la presencia de un grupo criminal”, dice este investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su diagnóstico de la violencia en Michoacán la resume en los ocho municipios y más asediados y peligrosos por sus recursos en una publicación de Animal Político: Apatzingán, Aguililla, Múgica, Uruapan, Tapalcatepec, Buenavista, Parácuaro y Tumbiscatío.
La aparición de los autodefensas, según este investigador, creadas hasta por las mismas organizaciones del crimen que se disputan el control del estado, marcan esa historia de frustraciones para el poder político de los gobiernos del PRI y del PRD y Morena.
De los periodos de ingobernabilidad de los gobiernos electo, de interinatos y sustitutos del PRI entre 20012 a 2015, la peor fue el de Alfredo Castillo Cervantes al ser nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, “en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad Pública que el Gobierno de la República lleva a cabo en el territorio michoacano”.
Según el Plan de Peña Nieto se habían “definido líneas de acción claras, contundentes e inaplazables, para regresar la tranquilidad a sus habitantes y construir las condiciones de estabilidad que permitan reactivar la atracción de inversiones, la construcción de infraestructura y la generación de empleos en beneficio de los michoacanos”.
Según Castillo Cervantes por el Plan Michoacán “anunciado por el Presidente de la República” habían sido sustituidas la totalidad de policías municipales” donde había “un número importante de personas que tenían alguna infiltración o relaciones con el crimen organizado”. ¿Entonces qué pasó?
En su Plan Michoacán Peña Nieto presentado en febrero de 2014 anunció 250 acciones con inversión de 45 mil 500 millones de pesos.
Once años después en 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos.
Desde el Patio Central de Palacio Nacional, “a todas y todos los michoacanos”, la presidenta Sheinbaum les dijo: No están solos, su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda” y les aseguró con todo su gabinete presente, que personalmente dará seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán e informará los avances cada mes en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”.
El presidente municipal de Morelia duda de su efectividad. Es todo un nudo gordiano. No solo por aclarar con detalles el asesinato del empresario limonero y el cometido a la luz pública del alcalde de Uruapan, un último crimen que el exgobernador y ahora diputado por Morena, Leonel Godoy, demanda en la investigación no descartar la “línea política en la investigación”.
Un nudo gordiano porque para la insidiosa administración de Trump y ansiosa de intervenir “hay zonas de México francamente controladas y gobernadas por estos cárteles que son más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las nacionales”. Tal como afirmó su secretario de Estado, Marco Rubio, al ser entrevistado sobre el crimen de Carlos Manzo después de participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 efectuada en Ontario, Canadá, a la cual asistió nuestro canciller Juan Ramón de la Fuente.
