Por José Luis Camacho López
El semblante del general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, en la conferencia mañanera del lunes 3 de noviembre, a la hora de responder sobre la seguridad destinada a la protección del asesinado Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, denotó las circunstancias en las cuales el ejército mexicano ha estado desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006-2012 decidió usarlo como instrumento de seguridad pública.
No ha quedado claro si fue decisión del entonces presidente Calderón usar el ejército en Michoacán para una guerra fallida durante la cual el Estado mexicano exhibió su debilidad para ejercer el uso de la violencia legítima o la incapacidad del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de la oficina de la Presidencia de la Doctora Claudia Sheinbaum.
El diputado Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación de Calderón, asegura que fue el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas quien solicitó en un documento oficial-en el archivo de la secretaría de Gobernación- el uso del ejército para contrarrestar a los grupos del crimen organizado, que ya entonces estaban apoderados de vastas zonas de Michoacán.
A Calderón se le acredita ser el autor de la militarización de la guerra contra el crimen organizado, pero se olvida que esa guerra fue declarada por el presidente Vicente Fox Quesada desde su campaña electoral en el año 2000. Fox dijo que su gobierno llevaría a cabo una “guerra sin cuartel al crimen organizado”.
Para el investigador Carlos Brokmann, las acciones emprendidas por Calderón Hinojosa al movilizar las fuerzas armadas en esa guerra provocaron bajas civiles y militares, “ahondaron la crisis de inseguridad por el aumento de la violencia”. Para este investigador la militarización en el combate a la delincuencia tuvo “un costo muy elevado en términos sociales para los derechos humanos”.
Cárdenas Batel llegó a la gubernatura (2002-2008) simplemente como decía el entonces diputado michoacano Carmelo Soto Correa: bastaba que en las bardas se inscribiera el apellido del general Cárdenas para que ganará el nieto del Tata. Así llegó a la gubernatura. Ahora persiste la duda de su responsabilidad en el fracaso de una guerra iniciada contra el crimen organizado, que hasta hoy es la justificación común argüida por los dos gobiernos de la 4T por el dominio de los carteles en Michoacán y otras zonas del país en estos años del gobierno de Morena.
La molestia del general Trevilla Trejo estuvo expresada en su semblante cuando le preguntaron en esa conferencia mañanera sobre la seguridad antes del asesinato del presidente municipal de Uruapan.
De acuerdo con la respuesta del general Trevilla Trejo al reportero Óscar Zamudio, del Zagazine, del estado de Hidalgo, se establece una “seguridad perimetral”. ¿En qué consiste?, dijo. “Es aislar un área, es evitar que la agresión venga del exterior hacia el interior. Hay tres círculos de seguridad normalmente en esos eventos: Una que se debe de establecer”.
“El tercer círculo, que es una seguridad más amplia, que es donde debieron de haber existido esos puestos de revisión, de control.
Después, ya vendrá otra, un círculo secundario, periférico también, pero no están muy cerca inmediatamente, para eso está la seguridad inmediata, que son escoltas, guardaespaldas, demasiado cerca”.
Eso es lo que le dijo el general al reportero hidalguense sobre los círculos de seguridad en el atentado al presidente municipal de Uruapan.
Seguramente le debe causar molestias esta tragedia en la plaza principal de Uruapan al general Trevilla Trejo dado que en su trayectoria figura haber sido responsable del comando de la 43 zona militar en Apatzingán, “durante los momentos álgidos de criminalidad y violencia”, según reseña el semanario Eje Central en su edición del 16 al 20 de septiembre de 2024.
Trevilla Trejo es un general con una profunda convicción institucional. Este general de carrera además de contar con una sólida experiencia militar es un experto en materia de comunicación social. Como parte de su formación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el actual general secretario de la Defensa Nacional cursó un diplomado en Defensa y Seguridades Nacionales y una Maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México.
Cuenta con 46 años de trayectoria en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es egresado del Heroico Colegio Militar del Arma de Caballería, coordinó los trabajos de la Sedena durante la pandemia del Covid19 y recibió distinciones por las tareas del Ejército y la Fuerza Aérea en la aplicación del Plan DN-III. Además le otorgaron la Presea Bicentenario por parte del Colegio Militar 1823-2023. Ha sido estudiante en la Escuela Militar de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México.
Todas sus credenciales son ejemplares para el cargo que ejerce como general secretario de la Defensa Nacional. Expertos entrevistados por Eje Central que han estudiado su trayectoria, entre ellos José Antonio Álvarez León, dice que el general Trevilla Trejo propone que la parte centrada en la seguridad pública corresponda a la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Omar García Harfuch, mientras a la Sedena le corresponda el campo de la seguridad nacional y de las obras y proyectos que les han sido asignadas.
Javier Oliva Posada, experto de la UNAM, considera a su vez que uno de los desafíos para el general secretario Trevilla Trejo será “matizar las actividades propias de la Guardia Nacional y de alguna forma recuperar para el Ejército sus tareas que están contempladas por la Ley”.
Del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende la Ley orgánica que regula las actividades de los comandos del Ejército, la Fuerza Aérea. Las principales involucran sus tareas en la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de la nación y el garantizar la seguridad interior junto con la Guardia Nacional, así como el auxilio a la población civil en casos de necesidades públicas además de efectuar acciones cívicas y obras sociales como las que se le han encomendado desde el sexenio anterior.
En la historia del presidencialismo mexicano el uso de las fuerzas armadas en actividades de seguridad trascienden al texto del 29 constitucional. Pero sin duda, desde el régimen del partido de Estado, es la institución que ha garantizado las transiciones pacíficas de los poderes ejecutivo a lo largo de 70 años del siglo XX y del curso del siglo XXI.
Es cierto que México se convirtió en uno de los principales proveedores de drogas de los Estados Unidos. En alguna ocasión se lo preguntaron al presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) quien respondió que si nuestro país era un trampolín del narcotráfico era porque Estados Unidos era una gran alberca.
En México desde la década de los setenta el Ejército mexicano bajo la operación Cóndor fue desplazado a combatir los sembradíos de drogas en zonas del llamado “triángulo dorado” formado por los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Era una de las alternativas de seguridad de los gobiernos mexicanos priistas para combatir los ilícitos de la siembra, cosecha y transporte de distintas drogas hacia el territorio del vecino del norte. No obstante, la historia controvertida de las drogas entre nuestro país y Estados Unidos data desde la segunda guerra mundial cuando en México se sembraba amapola precisamente en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua para procesar heroína destinada a los heridos estadunidenses.
La historia de la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado siguió desplazándose hasta el último gobierno del PRI encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018) y continuó en el primer gobierno de la 4T.
El periodo que le ha tocado al general Ricardo Trevilla Trejo en esta segunda etapa de la 4T para el sexenio 2024-2030 entraña una mayor complejidad cuando el crimen organizado del narcotráfico diversifica sus actividades a una más rentable y peligrosa para la seguridad y soberanía nacionales: el control de territorios y sobre todo el dominio del poder político municipal y estatal.
La extorsión, trata de personas, asesinatos de alcaldes, empresarios agrícolas y control político alcaldías, la siembra del terror en las partes más vulnerables del Estado mexicano son el pretexto y motivo de una intervención más franca y abierta del gobierno de Trump en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al buscar debilitarla. Insiste en ello el emperador de la Casa Blanca.
Nada extraño que estas organizaciones criminales sean cada vez más desafiantes a pesar de los círculos de seguridad trazados por la estrategia de seguridad pública, si para Venezuela, Trump a destinado a su principal organización de espionaje, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a crear un caos organizado para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, parecido al que en Chile provocó un golpe de estado contra el gobierno del presidente Allende en 1973.
Las airadas y reactivas reacciones políticas del prianismo en el Congreso y de los aparatos mediáticos privados al aprovechar el crimen del presidente de Uruapan para llevar agua a su molino, parecen llegar a coincidir con las intentonas de Trump.
Los asesinatos de Bernardo Bravo, líder de los empresarios limoneros michoacanos y de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan hay que observarlos desde la óptica de una geopolítica y económica superior a estos dos alevosos y cobardes crímenes, en un estado donde en 2006 se inició la fracasada guerra del expresidente Calderón y legitimada, según Ramírez Acuña, por el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel.
