La piedra de Sísifo

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Las viñas de la ira

Por José Luis Camacholópez.- Hugo Aguilar Ortiz, por su origen indígena, ha sido víctima de la más atroz  campaña de discriminación racial en un México donde aún perduran los rasgos más crueles heredados de la colonización española y de un accidentado proceso neocolonial que ha seguido a lo largo dominando la vida de la nación hasta este siglo XXI.

Pablo González Casanova describe este proceso neocolonial en el que está inserto este capítulo de discriminación racial con rasgos políticos y sociales contra el nuevo presidente de la Suprema Corte de la Nación. Está ubicado en el contexto  de ese largo periodo de dominación colonial y neocolonial de las clases y potencias hegemónicas donde emerge el objetivo de eliminar toda memoria  de identidad.

En ese proceso de eliminación neocolonial domina la “imposibilidad de conocerse y de conocer la realidad propia, la realidad concreta”, decía González Casanova en una ponencia dictada en el mes de enero de 1963 en La Habana.

“Todo empieza-subrayaba González Casanova- con la destrucción de los tiempos, de los dioses, de las ciudades, de la civilización como arquitectura. Sigue con la eliminación o el sometimiento del lenguaje, con el rechazo y la discriminación de los alimentos, de la agricultura”.

De ahí que se entienda, por ejemplo, la larga y persistencia en la lucha por la tortilla de maíz, en contra del transgénico. “Sin maíz no hay país”. Su defensa, dijo González Casanova desde entonces, es un acto de orgullo soberano.

La elección de Aguilar Ortiz por ese perfil indígena responde al hecho de no perder la memoria, de evitar condenar a ser los pueblos de esa condición social y política a ser prisioneros sin historia, como apuntaba González Casanova.

La áspera campaña de discriminación social y política  contra Aguilar Ortiz que ha ocupado diversos espacios de la sociedad mexicana, no solamente de los aparatos mediáticos privados o de las redes sociales, se encuentra en ese empeño en borrar la historia, la negación de una vida del país, del pueblo indígena que ha sobrevivido entre múltiples obstáculos, la discriminación racial y brutal es una de ellas.

Su elección como presidente de la Suprema Corte de la Nación causó burla, irritación hasta la exacerbación en sectores políticos, ilustrados o mediáticos de una sociedad sumida en posturas antagónicas con un pasado a la cual  solamente le acrediten a la población indígena que solo forme parte de un folklore turístico y no de la memoria cultural e histórica de la nación.

El extremo de la ira de algunos sectores opuestos a su elección fue cuando la Facultad de Derecho de la UNAM difundió en redes una felicitación por parte de la comunidad de esa institución por asumir tan alto cargo de la procuración de justicia del país.

No le perdonan su inferioridad, de no contar con créditos avalados en universidades extranjeras. Aguilar Ortiz de 52 años, originario del pueblo mixteco de San Agustín Tlacotepec,  es un  abogado egresado de la  la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nació en el pueblo mixteco de San Agustín Tlacotepec. Su tesis estuvo dedicada al Pluralismo Jurídico, el sistema electoral indígena. Cuenta con una maestría sobre derecho constitucional de esa misma universidad estatal. Conoce las tripas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha litigado en la Corte, lo que no es común en la abogacía,  como representante legal de 25 comunidades indígenas de su estado, donde prevalecen los usos y costumbres y una extrema vulnerabilidad.

Después de estar dedicado a la densa de los derechos de los pueblos indígenas, Hugo Aguilar Ortiz tuvo cargos jurídicos en la secretaría de Asuntos Indígenas en el gobierno de Oaxaca, abogado en la Procuraduría para la Defensa Indígena y  colaboraciones en la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos en México de la ONU. Su último cargo fue en el Instituto Nacional de Derechos Indígena donde promovió después de recibir en marzo pasado una iniciativa de reforma,   una reforma al artículo segundo de la Constitución y la restitución  de tierras a los pueblos yaqui de Sonora.

En las descalificaciones hechas a Aguilar Ortiz han predominado más las de carácter racial a las que se suma haber sido electo en un proceso en las urnas con una muy baja participación, apenas un diez por ciento del padrón electoral de unos 99 mil ciudadanos con credencial de elector, a las que se agrega el uso de los llamados acordeones, según sus airados críticos, para manipular el voto de los electores sin más pruebas que versiones no plenamente comprobadas jurídicamente.

En las elecciones judiciales del uno de junio  el nuevo presidente de la Corte  recibió seis millones 200 mil sufragios para ejercer un periodo de dos años como presidente. En las anteriores sucesiones en la Corte predominó el dedazo presidencial.

Pero ninguna persona electa en las urnas para el ministerio de la Suprema Corte  ni para las magistraturas o juzgados federales, ha sido blanco de tan feroces discriminaciones como las que han sido dirigidas a Aguilar Ortiz. Primero por haber sido electo presidente de la Suprema Corte de la Nación, un hecho que no estaba calculado ni por los adivinadores mediáticos y políticos ni tampoco dentro del propio partido gobernante.

Lo otro rasgo de discriminación,  por ser de origen de unas de las etnias  que sobreviven hasta ahora con múltiples dificultades, fue recuperar  la memoria de las culturas prehispánicas en el centro del corazón del país con  los símbolos y rituales de las culturas indígenas, el bastón de mando, un nuevo elemento incorporado a la imagen institucional de la Corte y una toga que los signifique.

Al inicio del siglo la población indígena era de 12 millones 400 mil personas que representaban el 13 por ciento de la población nacional,  una población que veinte años después era de 11 millones 800 mil millones habitantes, el 9 por ciento de la población nacional. Es una población amenazada por la extinción, cuya memoria solamente ha servido a la demagogia cultural y política.
La discriminación ahonda las condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades que les afectan. En 2017 el 20 por ciento de la población indígena aseguró haber sido discriminada. Esta discriminación se profundiza cuando solamente el 17 por ciento de los estudiantes de las comunidades indígenas logran ser parte de las instituciones de educación superior.

Durante el periodo de la pandemia del COVID 19 la población indígena mexicana fue la más afectada por sus altos indicadores de marginación de pobreza extrema.

Aguilar Ortiz, se ha comprometido a garantizar una justicia que no discrimine. En uno de sus primeros actos incorporó a mujeres de los pueblos tseltal, mixteco, triqui, wixárika, zapoteco y nahua y afromexicanas a diversos cargos en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El nuevo presidente de la Suprema Corte de la Nación se ha comprometido, es la principal función de su gestión: en mantener un equilibrio entre los tres poderes de la Unión. No le será fácil hacerlo. Desde el primer día tras su protesta del mandato, al acompañar a la presidenta Sheinbaum a la salida del recinto, no iba a su lado, había sido desplazado por una ministra. Lo que ha ofrecido y comprometido en su primer discurso oficial lo tendrá que probar en su ejercicio como presidente, sin subordinación y el respeto que le deben los otros dos poderes. Con la dignidad y honra que merece su presidencia y las comunidades que pretende reivindicar.

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