La espada de Damocles (1)
Por José Luis Camacho.- El siete de junio de 1968, a unas semanas del grave conflicto político desatado por la sucesión presidencial de 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, reunido con los editores de periódicos de todo el país para celebrar El Día de la Libertad de Prensa, reiteró “pública y solemnemente, que la libre manifestación de las ideas, en general y la libertad de prensa y el acceso a las fuentes de información, en particular, son conquistas de una larga lucha y merecen mi mayor respeto y entusiasmo”.
También este mismo mandatario de carácter rígido reafirmó, al mismo tiempo, su creencia de que “sea dentro del propio periodismo en donde deban buscarse y encontrarse los medios de evitar que el ejercicio de esta noble profesión degenere o afecte los intereses de terceros, los de la sociedad o los de la Patria entera”.
Díaz Ordaz había escuchado con satisfacción en esa fecha con los editores de la prensa que había entendimiento de su poder presidencial en sus relaciones con la prensa al leer los párrafos de editoriales de varios periódicos, donde coincidían con su discurso de que en “México existía una verdadera y amplia libertad de prensa”.
Pero además Díaz Ordaz se mostró satisfecho de que “la directiva del Sindicato de Redactores de la Prensa y el gremio de la televisión y la radio, entonces donde apenas surgían informativos, formulaban un proyecto de Código de Ética Profesional y recomendaba a los editores se aplicara “en forma sistemática, un exigente sentido de autocrítica” y que también “lo será la crítica que un periódico haga de otro”.
Le molestaban las críticas de algunas revistas, sobre todo las caricaturas de Rius y alguno que otro plumífero en revistas como Siempre o Política y le agradaba contar aliados entre los mandarines de la prensa, a los editores de La Prensa, El Heraldo y del Sol de México, que se identificaban por sus líneas anticomunistas y muy alineados con el pensamiento político de Díaz Ordaz.
Unas semanas después, a partir de los últimos días de julio de ese 1968, se puso a prueba esa libertad de prensa de la que se jactaba Díaz Ordaz cuando por una intrascendente riña entre dos grupos de porros en la plaza de La Ciudadela de la capital desató el mayor movimiento político de oposición a su gobierno, cuyo origen se acredita a una adelantada y oscura lucha interna en su gabinete por la sucesión presidencial de 1970.
Esa riña entre porros y estudiantes de una preparatoria particular, que era el objetivo represivo inicial de los granaderos, incluyó un inexplicable allanamiento policiaco a una escuela vocacional del Politécnico ubicada a unos metros de La Ciudadela, golpearon indiscriminadamente estudiantes y profesores, entre ellos a Ernesto Zedillo, cuando la eran mayoría mujeres.
Esa aparente absurdo allanamiento a una escuela politécnica y la represión a estudiantes y profesorado fue el origen y motivo que desencadenó el inicio de un movimiento estudiantil el 26 de julio, el cual derivó con el uso la fuerza pública y el ejército la destrucción de un bazucazo la puerta histórica de la preparatoria de San Ildelfonso; la invasión y ocupación militar de las escuelas del Politécnico y de la UNAM para extinguirlo a balazos en la plaza de las Tres Culturas, antes de las Olimpiadas, con la masacre del dos de octubre una manifestación de estudiantes, obreros y vecinos cuando ya el movimiento iba en declive.
El movimiento y la masacre del dos de octubre fue la prueba mayor para la prensa impresa y los incipientes noticiarios de radio y televisión. La mayoría se autocensuró. Solamente La Prensa escapó a la autocensura porque el editor estaba borracho y la nota del reportero Félix Fuentes, quien lloró sobre su máquina al redactar su nota después de ser testigo de la matanza, fue la única publicada en los periódicos donde se culpa a miembros del Batallón Olimpia de disparar sobre los manifestantes de la ahora plaza Dos de Octubre.
Díaz Ordaz nunca perdonó a sus paisanos de La Prensa, a cargo de Mario Santaella. Esa publicación lo enardeció. Al reportero Félix Fuentes solamente lo cambiaron de fuente, no había forma de sancionarlo cumplió con su orden de trabajo. Todavía hasta este inicio de siglo Fuentes siguió recibiendo los reproches del titular de la Defensa en turno por esa nota que rompió con la censura y autocensura en la prensa de 1968.
A cerca de los sesenta años de ese movimiento que sacudió todo el aparato del gobierno del PRI, después de la desaparición del partido de Estado y la transición a la alternancia en el poder presidencial, de un ciclo de la historia donde todos los ocupantes de la silla presidencial juraron y perjuraron respetar la libertad de expresión y de prensa, estos derechos de libertad de expresión vuelven a estar en la palestra pública y bajo la espada de Damocles. Ahora en un gobierno de izquierda, como lo califica Sabina Berman, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se vuelve a repetir como lo manifestaba Díaz Ordaz, el mismo discurso de un respeto a la libertad de expresión y no hay censura.
En más de tres ocasiones la presidenta Sheinbaum ha declarado que en este gobierno de la cuatro T ha reiterado ese mismo discurso diazordasista tal como también lo manifestaba reiteradamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador de respeto a la libertad de expresión. Ambos han sido objeto de una de las mayores escaladas de críticas por diversos medios, campañas fabricadas con un tipo de comunicación perversa, cargadas de discriminación y odio, con imágenes y mensajes difundidos en las redes sociales que caen en conductas de violencias paranoicas y sicopatologías semejantes a la doctrina de violencias psíquicas de Goebbels.
López Obrador mantenía en su agenda cotidiana de sus conferencias mañaneras la idea de separar el poder político y económico de la actividad de los periodistas, sin gran efecto cuando aún persiste en las relaciones entre la prensa y el poder político y público una relación semejante a la que subsistía durante el viejo régimen de los partidos conocidos como prianismo.
Toda una etapa de una prensa en el país durante la cual se mezclaban una diversidad de intereses con el uso de la libertad de prensa cuando los reporteros se convierten en gestores en las mañaneras o como gancho de la libertad de empresas dedicadas a la comercialización de la información y la opinión; o usar al periodismo como instrumento de canje por deudas fiscales o de campos de revanchas y amarre de navajas entre personajes del poder político de uno y otro sexenio.
La presidenta ha sido reiterativa en asegurar que el Gobierno de la República respeta la libertad de expresión y la de los periodistas. Opta como López Obrador por otra forma de calificarlas al usar un derecho de replica. Cuando se publican o difunden informaciones u opiniones de los que llama “comentócratas”, la presidenta recurre a una sección similar a “quien es quien en las mentiras” de la mañanera de López Obrador, ahora denominada “Detector de mentiras” para increparlas y exhibirlas por sus presuntas falacias o falsedades. Una u otra forma que puede caer en un tipo de censura política pública para desacreditar informaciones u opiniones sin arriesgarse en tribunales y a juicios probablemente de improcedencia jurídica.
Sin embargo, esos disertaciones hechas públicas de respetar la libertad de expresión y no censurar o acudir a desmentir o negar informaciones u opiniones de medios o redes sociales, no trascienden a otros ámbitos del poder político del mismo partido gobernante de la presidenta. Personajes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que ocupan puestos públicos en gobiernos de estados, presidencias municipales o en el Congreso rompen y contradicen esa regla presidencial.
Ahora como política de represión, que a Díaz Ordaz no se le hubiera ocurrido, quienes se dicen víctimas de informaciones y críticas periodísticas o en redes sociales a sus gestiones públicas, acuden a una nueva forma de censurar y acallar voces críticas mediáticas con la presunción del delito de “violencia de género”. Un delito que si es aplicado sin el debido proceso por los juzgados al ser norma secundaria, va en sentido contrario a lo que dispone el sexto y séptimo constitucionales o contra el convencionalismo al que obliga la propia Constitución mexicana en su artículo 133 al ser parte de la Ley Suprema de toda la Unión.
La convención más violentada al aplicarse ese delito firmada por México es la es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 19 obliga, a cualquier gobierno federal, estatal o municipal, a respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión de todo individuo: un “derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La Constitución es la norma superior. En las Facultades y escuelas de Derecho de donde egresan las y los titulares de juzgados, magistraturas o ministerios del Poder Judicial se aprende que ninguna norma inferior puede estar por encima de lo que dicta la Constitución. Ocurre ahora al imponer normas secundarias cuando se coloca una presunción de un delito como el de “violencia de género” u otro como “ciberacoso” por encima de la Carta Magna para castigar o sancionar derechos de periodistas que ejercen sus actividades profesionales ajustados a lo que dictan el sexto y séptimo constitucionales, con lo cual podemos estar en un hosco escenario de serias rupturas constitucionales.
Si bien hay un tipo de expresiones en los espacios mediáticos que no califica como periodismo y caen en el terreno del pasquín, el anónimo, el libelo clandestino, que Francisco Zarco llamaba “gusanos de su tumba” cuando “muere el periodismo”, hay informaciones y opiniones, críticas fundadas y veraces de periodistas con sentido ético en sus actividades y son confundidos como delincuentes comunes por autoridades de Morena y otros partidos evidenciadas por conductas contrarias a sus funciones y responsabilidades públicas y recurren para encubrirse a esos trillados nuevos delitos que se erigen contra mandamientos constitucionales.
Ahora juzgadoras y juzgadores de la vieja y nueva etapa del Poder Judicial se encuentran en serios dilemas éticos jurídicos: de aplicar o no la norma superior a la hora de calificar acusaciones contra periodistas que realizan su tarea con rigor y códigos deontológicos y están muy lejos de atribuirles el ser los gusanos de la tumba que llamó Zarco. Habrá otros que usan el periodismo para encubrir usos de arreglos políticos, rencillas, campañas de odio, negocios o siguen las mismos usos y costumbres de arrodillarse ante cualquier poder político o público, pero seguramente serán los menos.
