Federico Berrueto
El país va transitando hacia un destino peor que incierto. Optimista, pesimista o realista, no importa las condiciones del observador. Una cuota básica de objetividad muestra un deterioro grave de las circunstancias del país prácticamente en todos sus ámbitos. No todos lo ven así, particularmente el presidente López Obrador, quien al concluir su ciclo de gobierno ofrece cuentas generosas sobre la actualidad. La proclama de continuidad conlleva validar la situación vigente que implica a los candidatos del oficialismo.
Lo preocupante y diferente tiene tres planos: el internacional, los términos en los que se desarrolla la competencia por el poder y el de la violencia por la ausencia de autoridad en amplios territorios del país.
Desde ahora queda claro que independientemente del desenlace de la elección presidencial en EU este noviembre, al país le vienen tiempos muy difíciles por la perspectiva dominante en la sociedad norteamericana sobre el tema migratorio y la visión de la responsabilidad de México en el mismo. También tiene que ver la idea de que las autoridades mexicanas han perdido control de la seguridad o son complacientes con el crimen organizado. Ayer, Mike Johnson, líder de la Cámara de Representantes, acusó a López Obrador de andar mimando a los cárteles que trafican migrantes y exigió al gobierno norteamericano echar mano de todas sus armas para ponerle un freno.
A diferencia del pasado, la violencia e inseguridad en sus países de origen, incluyendo a México, son la causa profunda de los migrantes, no sólo la pobreza; pero a las autoridades norteamericanas poco interesa la dimensión humanitaria, menos dar una respuesta inteligente que permita a los migrantes aportar, como siempre, a la competitividad de la economía estadounidense. Los gobiernos se refugian en la demagogia que, seguramente, conduce a una fuerte presión para que México continúe siendo el policía que contenga y administre los flujos migratorios con el despliegue de sus policías en las fronteras.
La competencia electoral en curso es notoriamente distinta. La principal razón radica en la pérdida de condiciones razonablemente equitativas y confiables. López Obrador es el principal factor disruptivo de la legalidad y de la legitimidad de la elección. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE reiteró al presidente abstenerse “bajo cualquier modalidad o formato, realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como de difundir propaganda gubernamental”.
Desde ahora se advierte que la disputa no se limitará a los votos, sino también a la legalidad. La amenaza que dejó de existir hace décadas ahora se hace presente: el conflicto postelectoral. A eso remite el presidente cuando se refiere al golpe técnico de Estado por el Tribunal Electoral, al anticipar el riesgo de que la elección sea anulada parcial o totalmente, por las condiciones de ilegalidad en que se está desarrollando el proceso. López Obrador persiste en su conducta y con él la de sus colaboradores y mandatarios estatales. La inequidad en la contienda es ostensible por la parcialidad de las autoridades y de una buena parte de los medios de comunicación en la cobertura informativa, especialmente los de mayor cobertura, así como los del Estado, además del financiamiento ilegal de las campañas del oficialismo.
La mayor amenaza disruptiva de la legalidad proviene del crimen organizado y su control de amplios territorios, que en algunos se manifiesta con violencia y enfrentamientos; en otros, en una forma de pax narca, donde un determinado grupo criminal domina y suplanta a las autoridades legales. Cualquiera de las dos situaciones impide la normalidad y, por lo mismo, la competencia por el voto bajo condiciones en que partidos, sus candidatos y ciudadanos puedan ejercer sus derechos en libertad y seguridad.
El presidente López Obrador ha dejado en claro que las condiciones que se viven en el país son de normalidad. Por tanto, no habrá iniciativa o acción de las autoridades y de las fuerzas de seguridad para blindar la elección. Los territorios bajo el control del crimen son amplios y así continuarán. En tales circunstancias se realizarán los comicios y la sobreviniente normalidad de la anormalidad.
