CIUDAD DE MÉXICO.- El sector privado alerta por gravedad de la informalidad en México. Según el análisis más reciente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al cierre de 2024 más de 33 millones de personas trabajaban fuera del sector formal, lo que representa el 55% de la población ocupada. Esta cifra refleja un problema estructural que afecta directamente al desarrollo económico del país.
El reporte señala que los sectores más impactados por esta situación son el comercio, la construcción y la industria manufacturera. En conjunto, concentran más del 64% de los empleos informales. El comercio encabeza la lista, con el 35.7% del total, seguido de la construcción con el 15.5% y la manufactura con el 13.6%.
Además, el CEESP advierte que la informalidad ya no es solamente una salida para quienes no encuentran empleo formal. También se ha convertido en una alternativa deliberada para aquellos que prefieren evitar cargas fiscales y regulatorias. Operar en la informalidad resulta más barato, lo que la vuelve una opción atractiva para miles de personas y negocios.
Por otra parte, el informe detalla que la economía informal generó 8.1 billones de pesos en 2024, cifra que representa el 24.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Este porcentaje es el más alto desde 2003 y supera incluso la contribución combinada de los sectores agropecuario, de la construcción, minería y servicios básicos como electricidad, agua y gas.
En términos fiscales, esto significa que cerca de una cuarta parte de la producción nacional queda fuera del alcance del sistema tributario. Para el CEESP, esta situación representa una pérdida considerable de ingresos para el Estado, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura, salud o educación.
A pesar del peso económico que representa, el sector informal mantiene condiciones laborales precarias. La mayoría de los trabajadores informales no cuenta con seguridad social, ni acceso a servicios financieros o beneficios laborales. Además, enfrentan mayores dificultades para acceder a tecnologías, financiamiento y mercados organizados.
Frente a este panorama, el CEESP insiste en que es urgente establecer políticas públicas que incentiven la formalización del empleo, reduzcan la carga burocrática y promuevan la competitividad. Sin estos cambios, la informalidad seguirá creciendo y erosionando la base productiva del país.
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