CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- El reciente proceso electoral federal y local en México se vio enmarcado por un creciente fenómeno de violencia por los grupos de la delincuencia organizada, que buscan no sólo incidir en las elecciones sino el control del poder político.
Las agresiones van desde asesinatos, secuestros y amenazas contra funcionarios públicos, aspirantes o candidatos, incluso contra familiares para obligarlos a cooperar o eliminarlos. Michoacán, Chiapas y Guerrero han sido los estados con mayor número de agresiones.
La investigación “Aspectos generales de la violencia político-electoral en el proceso 2023-2024”, elaborada por Susana Ramírez Hernández, señala que múltiples estudios realizados con distintas metodologías, confirman el aumento de las agresiones, asesinatos y otras formas de violencia en el marco de las contiendas electorales.
De acuerdo con un estudio elaborado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, de 2018 a 2023 se observó una tendencia al alza de los eventos de violencia político criminal, reportando un acumulando total de 1,373 eventos en dicho período.
Sobre el comportamiento de la violencia electoral contra aspirantes y personas directamente vinculadas con el proceso electoral 2023-2024, el think tank Laboratorio Electoral recopiló información de las agresiones efectuadas dentro del período del 4 de junio de 2023 al corte del 29 de mayo de 2024. En este tiempo se registraron 318 agresiones que abarcan asesinatos, amenazas, atentados y secuestros.
La desagregación de los datos por sexo permite conocer el comportamiento diferenciado de la violencia política-criminal entre mujeres y hombres, según sean personas candidatas o funcionarias de gobierno, y visibilizar, por ejemplo, la presencia de otro tipo de violencia política, como la política contra las mujeres en razón de género.
Por desagregación de los datos por sexo permite conocer que la violencia es mayor para las mujeres cuando son candidatas y de elección popular con un 27% y los hombres con un 14%, y en el segundo las mujeres registran un 22% y los hombres un 8%. Otro dato relevante es que las familias de las mujeres están siendo víctimas de mayor violencia política-criminal que la de los hombres, con un 10% y 7%, respectivamente.
Mientras que en el rubro de personas funcionarias de seguridad la violencia es mayor en hombres con 34 % que en mujeres con 25%, al igual que en la categoría de personas funcionarias, donde los hombres representan el 22% de los casos y las mujeres el 11%.
Los estados con mayores casos de violencia electoral en el período del 4 de junio de 2023 al corte del 29 de mayo de 2024 fueron Michoacán con 66 agresiones, de las cuales 7 han sido asesinatos; Chiapas con 66 agresiones, de las cuales 22 son asesinatos; y, Guerrero con 27 agresiones, de los cuales 17 son asesinatos , de acuerdo a Laboratorio Electoral, 2024.
En el caso concreto de los asesinatos, como máximo acto de violencia, desde el período electoral federal de 2017-2018 al más reciente de 2023-2024, las cifras se han incrementado constantemente, tanto para las personas precandidatas o candidatas, como para las personas relacionadas con el proceso electoral y sus familiares.
Respecto a la violencia a nivel municipal, “Integralia” coincide con las observaciones del proyecto “Votar entre Balas”, en cuanto a la existencia de un interés del crimen organizado por someter a los gobiernos municipales “para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos valiosos como la colaboración de policías para operar con plena impunidad, diversificar sus actividades, y neutralizar a sus rivales” (Integralia, 2024).
Las cifras revisadas evidencian un aumento considerable en el número de eventos y víctimas de violencia político-criminal en el período de 2018 a 2023, tanto de personas candidatas, como de funcionarias y autoridades de elección, con una alta predominancia al nivel municipal, lo cual “sugiere que los grupos criminales buscan afianzar o recrear redes informales de protección para ejercer el control sobre la política local” (Animal Político, Data Cívica y México
Es relevante que en los períodos de procesos electorales esta violencia se incrementa e incluso se mantiene, aunque la lectura de los datos muestra que el crimen organizado ya no sólo busca incidir en las elecciones, sino también en capturar el aparato estatal (Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, 2024).
El número de personas asesinadas en el proceso 2017-2018 fue de 43, mientras que en 2023-2024 se alcanzó una cifra de 93 asesinatos. En cuanto a su distribución por perfil, las personas precandidatas o candidatas tuvieron un continuo crecimiento en los tres procesos electorales, al pasar de 24, a 30 y 36, respectivamente. Un hecho relevante que se documenta es el aumento cada vez más frecuente de asesinatos de personas de los equipos electorales y familiares de las y los precandidatos o candidatos. De acuerdo con Laboratorio Electoral, estas cifras confirman “que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante”.
La investigadora señala que el reconocimiento de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales por la Cámara de Diputados, en febrero de 2024, llevó a la creación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral 2023-2024, cuya función principal es poner atención a todos los procesos electorales del país para visibilizar cualquier tipo de violencia o amenaza hacia quienes participen y ver cómo ayudarlos, así como visibilizar toda intromisión ilegal dentro de los procesos de los gobiernos (Cámara de Diputados, 27/02/2024).
Precisó que la creación de tales mecanismos legislativos, si bien no tienen una función directiva en política pública, son de especial relevancia por su función de seguimiento y observancia de las acciones que desde el Ejecutivo y otros órganos del Estado han tomado en la materia, por ejemplo, conocer el proceso y resultados de las solicitudes de protección personal para precandidatos y candidatos presentadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, en una cultura de rendición de cuentas es imprescindible que este Grupo de Trabajo informe, a su vez, a la ciudadanía sobre las medidas que está emprendiendo para cumplir su función.
Señaló que dentro de las competencias del Senado de la República está su facultad de nombramiento de magistrados electorales, por lo que debe contar con tribunales de justicia fortalecidos para que contribuyan a frenar la presencia del crimen organizado en los procesos electorales mediante la anulación de elecciones en los casos donde se compruebe su intervención.
Considera que ambas Cámaras tienen facultades para fortalecer las normas en materia de delitos electorales, sobre los procedimientos y competencias para atender el problema de la violencia política.
Asimismo, señala que aunque existen esfuerzos para medir este creciente fenómeno, es indispensable contar con datos oficiales confiables, de calidad y oportunos que permitan visibilizar la dimensión del problema para el diseño y adopción de medidas de prevención y protección desde los diferentes órganos de gobierno.
AM.MX/fm
