*Los empresarios toman decisiones con el corazón en la bolsa, no con la razón. Así, pues, lo que deban hacer para asegurar desarrollo, tendrán que hacerlo, o fracasar
Gregorio Ortega Molina
Las reglas del juego en la economía y la fiscalización parecieron cambiar de momento, cuando se nos advirtió que esta presidencia de la República no sería de adorno. Luego se sucedieron cancelaciones, anulaciones, descalificaciones, escarnio, socarronería, mientras los pobres cedieron su primer lugar a otros. Las premisas y las exigencias internacionales todo lo modificaron.
¿Alguien lleva la cuenta de cuántas veces se ha reunido el Ejecutivo con grupos empresariales y sus líderes, para tratar de encontrarle la cuadratura al círculo? ¿Cuántas conversaciones con Carlos Slim, que ya es totalmente PALACIO? La realidad se impuso, y el escenario usa la misma decoración, sin importar que el pueblo, siempre el pueblo, resulte el pagano.
En la 4T olvidaron el peso de las consecuencias del adelgazamiento del Estado, al que dejaron anémico, sin recursos como los de ese priato tan odiado, que fueron desaprovechados y saboteados en proyectos de desarrollo y programas sociales diluidos en necesidades apremiantes y bolsas anónimas.
Pero escuchemos al Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, para que se comprenda que la sensatez es buena consejera.
Dice el comunicado oficial: “Las reformas aprobadas por el Senado de la República al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación y al Código Penal, que tienen como objetivo catalogar a los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada y por la expedición; venta; enajenación; compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, como conductas de la delincuencia organizada y como amenazas a la seguridad nacional, pueden constituir una probable violación a los derechos humanos durante el procedimiento penal, como consecuencia a las disposiciones de las legislaciones fiscal y penal, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
“El documento titulado Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa, elaborado por las investigadoras María Cristina Sánchez Ramírez y Lorena Vázquez Correa, explica que uno de los retos de las reformas, modificaciones y adiciones a los ordenamientos legales aprobados por el Senado de la República el 10 de septiembre de 2019, en materia de defraudación fiscal, consiste en construir nuevas medidas legislativas que atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso de la prisión preventiva, así como establecer la temporalidad de la misma, a fin de generar certeza jurídica a las personas investigadas con pleno respeto a los derechos humanos”.
La observación es clara. Los empresarios toman decisiones con el corazón en la bolsa, no con la razón. Así, pues, lo que deban hacer para asegurar desarrollo, tendrán que hacerlo, o fracasar.
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