Gregorio Ortega Molina
* María de la Luz Gregorio elevó, ante el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2016, su reiterada demanda para que el salario mínimo exprese lo manifestado en el mandato constitucional
Desde la ventana del lugar donde me siento a escribir, se observan unos contenedores de basura colocados ahí por la autoridad, lo que no es relevante; llama la atención el número de mexicanos de la tercera edad que pepenan en ellos: los he visto llevarse ropa, alimentos, botellas vacías. He conversado con el responsable de la cuadrilla que limpia unas cuadras de la colonia. Afirma mover más de una tonelada diaria. Vale señalar que incluye dos escuelas públicas.
Refiero lo anterior porque según nota de El País, María de la Luz Gregorio elevó, ante el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2016, su reiterada demanda para que el salario mínimo alcance niveles de dignidad para vivir. Lo señalado por la Constitución.
María de la Luz, que acaba de pasar el umbral de los 50 años, “limpia en un hostal restaurante de la Ciudad de México, presentó una demanda en contra del decreto que fijaba el salario mínimo diario: en aquel entonces, 73 pesos (3,9 dólares). Ese era su sueldo, que no le permitía mantenerse económicamente. Ni a ella misma ni, por supuesto, a su familia”.
No es la única en hacer esa justa demanda. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, los líderes de los sindicatos de EEUU, negociadores <<no mexicanos>> del TLC, también exigen que las asimetrías salariales se reduzcan, pero nada más exigen, no ofrecen compensar con la reducción de otras disparidades entre los tres integrantes del bloque de América del Norte, y desconozco si los representantes mexicanos para la renegociación siquiera se lo plantean.
Pero vamos a la nota de El País, porque me recuerda el camino transitado por Rosa Parks para iniciar el respeto a los derechos civiles para todos: “El recorrido en los juzgados fue una carrera de obstáculos que se prolongó durante meses. Los tribunales locales sobreseyeron la petición por considerar que fue presentado fuera de tiempo y, como respuesta, ella presentó un recurso de revisión. Finalmente, en mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia le negó el amparo, aunque reconociendo en su resolución que el salario mínimo mexicano es un <<derecho social>>.
“En el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos y Sociales, se consagra el derecho de obtener los medios para una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita, con una remuneración que asegure condiciones de subsistencia para ellos y sus familias, y un salario equitativo por trabajo igual, sin distinción.
“Con este antecedente, casi 70 organizaciones civiles pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atienda el caso de Luz y revise el nivel del salario mínimo en México, que este año supera por poco los 88 pesos (4,7 dólares) diarios, una cantidad que es inferior al coste de la canasta básica de consumo. Los colectivos también entregarán un informe al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, poniendo énfasis en los riesgos de mantener este nivel de sueldos para los trabajadores”.
¿Tendrán los candidatos interés en el tema? Deberían, porque cumplir con el mandato constitucional del salario, es el primer paso para empezar la construcción del futuro, o quizá desean permanecer anclados al pasado.
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