*Pronto las palabras podrían destinar al arraigo y a la cárcel
Gregorio Ortega Molina
Resulta sorprendente que ahora busquen regresar a los modos judiciales y jurisdiccionales de gobierno que tanto criticaron, a los que condenaron durante su ascenso al poder. ¿Qué opina Rosario Piedra Ibarra? ¿Abrirán la boca los integrantes de la 4T que, en su momento de activismo paramilitar fueron perseguidos? AMLO fue vigilado, pero entraba por la puerta de atrás para acordar con Manuel Camacho Solís. Ni el muerto puede negarlo.
En 2008 escuchamos, todos, las bondades de la reforma constitucional penal, la necesidad de los juicios orales y abiertos, la modificación tácita en la manera de vigilar el proceso, con los jueces de control, el empeño por desaparecer las diferencias y asimetrías entre la administración de justicia de aquí, y la que se practica al otro lado. El proceso de integración va (¿iba?), a menos de que a todos nos engañen, como lo han hecho en otros temas.
Se dieron diez años. El año 2019 debió ser el de plena consolidación de esa reforma, que ahora va para atrás, en el clásico y respetuoso lenguaje presidencial: tengan para que aprendan.
He leído a los especialistas y a los legos, lo que me queda es la percepción de que vamos hacia el autoritarismo. Desde el gobierno a sus palabras las acompañan con hechos, y en medio de las supuestas bondades que pueda tener lo que proponen, ¿cómo regresar a la figura del arraigo, de la detención sin pruebas, de las pruebas obtenidas de cualquier manera? El retroceso es grave.
Sobre lo poco bueno: Ley de Justicia Cívica. Se pretende la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales; Se priorizará la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables; Proyecto de Código Penal Nacional. Se establecerá con toda precisión la competencia local y la federal; Corresponsabilizar a las autoridades federales y estatales de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada.
¿Qué hay detrás de estas buenas intenciones? Durante ese 2008 y hasta 2010, al menos, escuché sobre la necesidad de abrir una escuela de MP, tal como existe el Instituto de la Judicatura Federal. Haber cursado la carrera de leyes, no habilita para reunir y armar las indagaciones y pruebas de la carpeta de instrucción. La probidad profesional se aprende sobre la marcha, y está en la palabra. Se necesita la profesionalización del MP, pero al Poder Ejecutivo no le interesa, porque así es como puede torcer la ley.
El domingo 19 de enero último, escribió Rosa Montero en El País Semanal: “En el libro (La lengua del Tercer Reich), Klemperer explica cómo las palabras mentirosas de los totalitarismos envenenan las mentes. Denuncia la hipocresía afectiva del nazismo, el pecado mortal de la mentira consciente empeñada en trasladar al ámbito de los sentimientos las cosas subordinadas a la razón (…) y arrastrar esas cosas por el fango de la obnubilación sentimental. Es una lúcida definición de los desaforados populismos que medran por el mundo: la trampa consiste en embadurnar las ideas con el engrudo de las emociones baratas, hasta convertirlas en una masa informe incapaz de ser procesada mentalmente…”.
Pronto, las palabras podrían destinar al arraigo y a la cárcel.
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