*“Uno no peca por lo que hace, sino por la intención con que lo hace. Todo se resume en la intención. Los más importantes sistemas jurídicos de la antigüedad, basados en la religión (que yo he estudiado), lo conocen y lo proclaman. Una persona puede cometer una infidelidad, una infamia, sí, y hasta puede matar, y al mismo tiempo mantenerse puro y limpio por dentro. Una acción en sí no representa la verdad. Sólo es una consecuencia…”
Gregorio Ortega Molina
A la memoria de Agustín Armando Corichi Flores
Alguien que durante unos años se comportó como hermano, pero que resultó más catalán que mexicano, avisó con tiempo suficiente -2004 o 2005- del riesgo de una presidencia de Andrés Manuel López Obrador, puesto que ya tenían el diseño de un programa de despojo disfrazado de expropiaciones.
Impedidos por lo que queda de legalidad y constreñidos por el recuerdo de que existió un mandato constitucional, cuando la 4T se hizo con el poder modificó su estrategia para satisfacer el rencor social de su base electoral. Involucionó de la expropiación al despojo, como claramente lo muestran en el Estado de México, donde Delfina Gómez Álvarez da manga ancha a ese proceder, como cabeza de playa a lo que se avecina como consecuencia del resultado electoral del último primero de junio.
Puede preverse que estatuirán -con desparpajo y sin temor, aunque no sin cierta medida prudencia- la cultura del engaño y el despojo, como método o manera o procedimiento para resarcir los esfuerzos y penalidades de las aguerridas huestes de los servidores de la nación, aunque en algunas entidades federativas procedan desvergonzadamente, como lo hacen en Guerrero, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, pues los servicios rendidos al gran tlatoani implicaron dolor, fueron innecesariamente cruentos, pero resultó como consecuencia de la necesidad de dejar claro dónde está el mando.
Mientras los militares son estimulados con la administración de los recursos fiscales, el ensueño de ser constructores del mejor y más moderno aeropuerto del mundo, o el trazo y construcción del tren maya, sin importar el costo de la destrucción de la selva, los cenotes y algunas ruinas, a los que se la rifaron junto a los barones de los cárteles, o en el encubrimiento de las fosas clandestinas, se les convierte en propietarios. Todo, sin detenerse a considerar el costo legal, el deterioro de la seguridad.
Hace más de cien años Sándor Márai tuvo buen ojo para verlo, comprenderlo y explicar lo que hoy es el proceder de la 4T: “Uno no peca por lo que hace, sino por la intención con que lo hace. Todo se resume en la intención. Los más importantes sistemas jurídicos de la antigüedad, basados en la religión (que yo he estudiado), lo conocen y lo proclaman. Una persona puede cometer una infidelidad, una infamia, sí, y hasta puede matar, y al mismo tiempo mantenerse puro y limpio por dentro. Una acción en sí no representa la verdad. Sólo es una consecuencia…”.
Es cierto, el primero de junio sólo es una consecuencia, tardaremos en padecer los efectos y el costo real, más allá de la simulación, el temor a la cultura del engaño y el despojo.
De no creerse, pero ahí queda la constancia de la información pública, como la difundida el último día de mayo: “En el marco de la Operación Restitución la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han ejercido acciones penal en contra de 23 personas, entre los que hay notarios, servidores públicos estatales y municipales, así como integrantes de organizaciones sociales o sindicatos conocidos como USON, GOPEZ, Los 300, 22 de octubre y Los Gastones.
“La FGJEM detalló que se trata de tres notarios, cinco servidores públicos estatales, cuatro municipales y cumplimentó órdenes de aprehensión a 11 objetivos prioritarios integrantes de organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos” que formaban parte de las redes criminales de despojos en 14 municipios, principalmente en el Valle de México y la zona Oriente del Estado de México.
“Estas personas actuaban de manera individual o colectiva para favorecer a terceros para ocupar casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios, de acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía mexiquense, que ha señalado que los grupos actuaron bajo el amparo de autoridades municipales y servidores públicos estatales para poder regularizar las propiedades ante notarios públicos, incluso conociendo estos la irregularidad de los mismos”.
También y durante el fin de semana, el INFONAVIT anunció que su suma al procedimiento.
www.gregorioortega.blog @OrtegaGregorio
