Gregorio Ortega Molina
(¿Qué pues con la vida?)
* Al empequeñecerse el poder presidencial, se achican los instrumentos de la administración pública para cumplir con el mandato constitucional. La seguridad pública y las garantías individuales fueron abandonadas por el Estado, para transformarse en un “gracias a Dios llegaste bien”, o en un “gracias a Dios no pasó a mayores, sólo me robaron, o nada más me violaron…”
México, como buena parte del mundo, está inmerso en el continuo proceso de globalización y, además, en su interna y muy especial reingeniería social.
Al primero los funcionarios públicos lo alientan e impulsan; con el segundo es distinto, porque si bien se muestran entusiasmados con inscribir a la nación en la participación del futuro internacional, no aciertan a conceptuar cuál debe ser ese nuevo proyecto de México acorde al ritmo y pulsiones de los compromisos internacionales: me refiero a los avalados con la firma de acuerdos, y a los impuestos debido a la deuda externa.
Los cambios internos atemorizan a los responsables de conceptuarlos e instrumentarlos -si es que hay una cabeza y un grupo encargados de hacerlo-. Si alegres festinan la globalidad, hacia adentro pareciera que desean que todo permanezca igual a la época del Milagro Mexicano.
El corrimiento de los factores de poder internos impulsado por la globalización, está diseñado para que la partidocracia sirva de escudo al gobierno frente a la sociedad, y para dar la imagen de que el presidencialismo diseñado por Plutarco Elías Calles y perfeccionado por Lázaro Cárdenas del Río permanece incólume y funciona. Su desajuste, la disminución de poder efectivo se manifiesta claramente en el traslado de los poderes políticos reales, de la secretaría de Gobernación a la de Hacienda y Crédito Público. El ramo 23 es un sutil instrumento de imposición. Dejó de negociarse, se acepta como llega, o no hay envío de recursos. Así de sencillo.
En México la globalización favoreció el crecimiento deforme y de múltiples cabezas del narcotráfico, y la diversificación de actividades de la delincuencia organizada. Los barones de la droga crecieron y se multiplicaron al amparo del debilitamiento forzado del poder presidencial.
Con lo anterior aparecen claras manifestaciones de ingobernabilidad. El Presidente de México está impedido de trasladarse a Reynosa, Tamaulipas, por su propia seguridad. Es el ejemplo paradigmático de lo que sucede.
Al empequeñecerse el poder presidencial, se achican los instrumentos de la administración pública para cumplir con el mandato constitucional. La seguridad pública y las garantías individuales fueron abandonadas por el Estado, para transformarse en un “gracias a Dios llegaste bien”, o en un “gracias a Dios no pasó a mayores, sólo me robaron, o nada más me violaron…”, porque la vida… ¿qué pues con la vida?
Si se pudiera habríamos de preguntarlo a Guadalupe Campanur, a Javier Valdés, a Miroslava Breach Valducea y a todos esos defensores de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas que compraron la idea de que el cambio va.
Si buena parte de la sociedad asume ya que estamos inmersos en una muy característica reingeniería social, no ocurre lo mismo con los responsables de la gobernabilidad, y quizá por ello fallecen de manera violenta los que de alguna u otra manera promueven esa transformación.
La actitud de estos administradores públicos, políticos de todos los niveles, me remite a Stefan Zweig y su Mundo de ayer, porque “… fascinados como estábamos por aquel fragmento de vida, no caíamos en la cuenta de que los cambios que se producían en el ámbito de lo estético (no levanten las cejas, sólo recuerden Arena en el desierto y Novela de un crimen) no eran sino vibraciones y síntomas de otros, de un alcance mucho mayor, que habían de conmocionar y, finalmente, destruir al mundo de nuestros padres, el mundo de nuestra seguridad. Una notable reestructuración empezaba a prepararse en nuestra vieja y soñolienta Austria. Las masas, que durante decenios habían cedido, calladas y dóciles, el dominio a la burguesía liberal, de repente se agitaron, se organizaron y exigieron sus derechos. Precisamente en la última década, la política irrumpió con ráfagas bruscas y violentas en la calma de la vida plácida y holgada. El nuevo siglo exigía un nuevo orden, una nueva era”.
El siglo XXI apenas inicia.
Pero hay más resistencia al cambio en los diversos órdenes de gobierno que en la sociedad, por eso hemos de preguntarnos con insistencia, ¿qué pues con la vida?
Esta pregunta me recuerda lo que Manuel Buendía me contara durante una comida a la que me convocó en el Rivoli, donde gustaba invitarme. Fue días después de que El Universal le diera, el 25 de septiembre de 1978, las ocho columnas a su Red privada cuyo título causó enojo en la embajada de Estados Unidos en el país: Sternfield, jefe de la CIA en México.
Las amenazas a su vida lo llevaron a la oficina de José López Portillo, quien le dijo que no se preocupara, que haría saber a los indicados que el Estado mexicano estaba interesado en que la integridad física de Manuel Buendía fuese respetada. Así ocurrió hasta 1982, después la historia fue otra.
La digresión anterior para dar entrada a la invitación que me formulara Patricia Colchero Aragonés Coordinadora Ejecutiva Nacional y Secretaria Ejecutiva del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a la quincuagésima sexta sesión ordinaria de la junta de gobierno, celebrada durante los días 30 y 31 de enero últimos, en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación.
La sesión se desarrolló dentro de un caparazón de murmullos, porque trabajaron simultáneamente en varias mesas. En ellas están representadas la ONU, PGR, SRE, SSP federal, Gobernación, el enlace del candidato a gozar de medidas cautelares con el mecanismo que es, al mismo tiempo, analista del caso individual, y el relator.
Todo se desarrolló como previsto, hasta que mi enlace y analista mencionó mi solicitud de que se hiciera pública, mediante la emisión de un boletín de prensa, la protección a mí conferida por el Estado con medidas cautelares, para garantizar la integridad física de mi familia y la mía.
Uno, dos minutos de desconcierto, alarma, hasta que se hace presente en la mesa de trabajo Patricia Colchero Aragonés Coordinadora Ejecutiva Nacional y Secretaria Ejecutiva del Mecanismo que garantiza, por parte del Estado mexicano, mi integridad física, para anunciar que ese protocolo (el del boletín y el de hacer público mi caso) no está contemplado, que tendría que hacerse general, y no todos los afectados gustarían de publicitarlo.
Mi contraargumento fue que el Estado desarrolla una función importante en este ámbito y sí, sí, insistí, debe hacerse público (debe constar en la relatoría), porque era de mi interés, como debía serlo de todos los amenazados, que se supiera que contamos con la protección del Estado, porque así se inhibiría la actitud agresiva de los malquerientes que en este México nuestro obligan a vivir con el Jesús en la boca ¿a cuántos mexicanos? Sólo el representante de SSP federal mostró estar acorde conmigo.
La Secretaria Ejecutiva del Mecanismo dijo que no, aunque lo discutirían otra vez entre ellos, y que yo podría hacerlo público por mi parte.
Después le he dado vueltas al tema. ¿Por qué no hacer visible un esfuerzo del Estado que consume muchos recursos? ¿Porque no hay presupuesto suficiente? ¿Porque muestra las condiciones de violencia e inseguridad y la ingobernabilidad? ¿Porque son muchos los que, como el que esto escribe, resultamos incómodos? ¿Porque no entienden el cambio interno, no lo quieren o le temen?
El acuerdo de la Junta de Gobierno incluye el diagnóstico que justifica su intervención: “… con motivo de la solicitud de medidas presentada por el C. Gregorio Ortega Molina, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación de Riesgo, elaborado por la Unidad de Evaluación de Riesgo del Mecanismo, en el cual se determinó que en el presente caso existe un nivel de riesgo extraordinario…”.
Luego de enterarme de ese diagnóstico, que no es cáncer, pero se parece, sólo me queda preguntarme: ¿qué pues con la vida?
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