*No es sencillo el tema, implica ética, moral, orden constitucional, jurídico y legal e incluso la vida de los juzgadores y la de sus familias. ¿Por qué no se quejan cuando las sentencias los favorecen? Romper este juguete es el inicio del caos
Gregorio Ortega Molina
Son siete las comisiones que hacen funcional al Consejo de la Judicatura Federal. Una de ellas, no la principal pero sí necesaria para dar orden a la estructura y al gasto, es la Comisión de Administración, al día de hoy presidida por el consejero Alfonso Pérez Daza.
Allí puede ocurrir algún género de corrupción, lesivo, sí, pero menos peligroso para la administración y justicia. Siempre, donde se administra, se acumulan los intereses pecuniarios y se ejercen presiones para favorecer a proveedores de bienes y servicios, y para modificar los ascensos y salarios del personal “administrativo”. Nada que ver con el destino de jueces y magistrados, ni con sus promociones. Para ello está la Comisión de Carrera Judicial.
La descripción anterior, porque en la 4T se les ha metido, entre ceja y oreja, la urgente necesidad de controlar la administración de justicia federal, y para ello buscan los trapos sucios donde sea que puedan encontrarlos, o inventarlos. Ya saben, lectores, lo que es el oficio del poder, donde el que busca, encuentra.
El Senado de la República da cuenta, de manera oficial, que “el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, alista la presentación de un exhorto al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se investiguen las irregularidades detectadas en el “Informe de primeros hallazgos”, elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que involucran daño al erario por miles de millones de pesos.
“El legislador pedirá que el Consejo lleve a cabo los procedimientos administrativos y disciplinarios correspondientes a la investigación, y se sancione a quienes hubieren incurrido en acciones u omisiones que generaran algún tipo de detrimento al erario y al patrimonio del Poder Judicial Federal.
“Asimismo, hará un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que, una vez practicadas las auditorías a los diversos capítulos de gasto del Poder Judicial, emprenda de inmediato las acciones correspondientes que, en materia de fiscalización, le facultan la ley y la Constitución”.
Las anomalías administrativas no son trascendentes en el contexto de la administración de justicia. Las que importan son las que tienen que ver con la aplicación de la ley y su uso político que, siempre, se le ha dado y dará. No lo olvidemos, el Poder Judicial de la Federación es un instrumento de poder.
No es sencillo el tema, implica ética, moral, orden constitucional, orden jurídico y legal e incluso la vida de los juzgadores y la de sus familias. ¿Por qué no se quejan cuando las sentencias los favorecen? Romper este juguete es el inicio del caos.
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