* Lo que han puesto en entredicho no es la credibilidad y confianza en la Auditoría, tampoco el profesionalismo y la integridad de David Colmenares, sino la viabilidad del sistema político que ha administrado a la patria hace 104 años, bajo la sombra de la Constitución de 1917. Lo primero que hemos de preguntarnos es sobre fecha y lugar de publicación del acuerdo presidencial o secretarial que determina, con razones específicas, la suspensión del AICM, estación Texcoco.
Gregorio Ortega Molina
Se acude a las notarías porque en ellas el Notario dará fe, con su testimonio y sello, de que lo que allí se registró y firmó es verdad. Lo mismo un testamento que una transacción mercantil… es norma que depositas la confianza en los notarios.
Supongo que ocurre lo mismo con los auditores. Las grandes empresas, públicas y privadas tienen auditores internos y, si les queda duda, para confirmar o desechar sus sospechas solicitan una auditoría externa.
En el caso del “gasto operativo del gobierno, del ejercicio del presupuesto, de la administración de los recursos humanos y los bienes de la nación”, la Auditoría Superior de la Federación cumple las funciones de un notario. En ella, se supone, se procede con integridad profesional para dar testimonio de lo bien o mal hecho durante el ejercicio fiscal. Se ajustan a procedimientos y normas que se heredan y/o actualizan de acuerdo a los instrumentos científicos y técnicos de los que puede disponerse para el análisis puntual del gasto.
En las notarías no puede haber error, a menos de que los datos aportados por las partes estén dolosamente tergiversados, que el notario sufra presiones de vida o muerte para él o sus familiares desde el poder o con origen en la delincuencia organizada, o que sean cómplices y discretamente corruptos, que también los hay.
En el caso de la Auditoría Superior, las características de su funcionamiento son particulares. En primer lugar, porque es una institución exclusivamente técnica, pero con una función política. De ella surgen las alarmas sobre corrupción. Se detectan las irregularidades y las tapaderas, pero además hay una confrontación con parcelas de poder, grandes o pequeñas, administradas por seres humanos, con pasiones, fortalezas, debilidades.
En segundo lugar, porque es normal que exista un margen de error lógico y corregible. Precisamente porque lo que se revisa son las tareas administrativas y políticas de esas parcelas de poder, en las que -por lo regular- los (a) que las dirigen crean intereses y complicidades, y para defenderse tergiversan la información que les es solicitada.
En tercer lugar, porque lo que se audita es la administración de dinero y bienes, de flujos de capital, de rendimiento de intereses, de salarios y bonificaciones, de recursos fiscales mil millonarios para responder a tragedias, pandemias, expropiaciones, cancelaciones de obra pública, inicio de obras nuevas, y como la economía de México y el mundo es inestable, los precios varían, tanto para adquisiciones como para indemnizaciones, pago de intereses y erogaciones diversas.
Insisto, el margen de error es lógico y corregible, no puede ir más allá del diez por ciento, mucho menos ascender a un SETENTA por ciento, como ahora insisten en el caso del contencioso del Poder Ejecutivo en contra de la Auditoria Superior de la Federación.
Lo que han puesto en entredicho no es la credibilidad y confianza en la Auditoría, tampoco el profesionalismo y la integridad de David Colmenares, sino la viabilidad del sistema político que ha administrado a la patria hace 104 años, bajo la sombra de la Constitución de 1917; lo primero que hemos de preguntarnos es sobre fecha y lugar de publicación del acuerdo presidencial o secretarial que determina, con razones específicas, la suspensión del AICM, estación Texcoco. ¿Alguien la recuerda?
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@OrtegaGregorio
