Federico Berrueto
La transparencia es eje del régimen democrático para la rendición de cuentas. La opacidad no siempre está vinculada a la falta de probidad, pero sí la propicia. Transparentar el quehacer público es una de las fórmulas para una sociedad informada y también para el escrutinio al poder. La transparencia y la verdad son incómodas para todo gobierno, pero deben ser regla general y sólo en casos singulares, excepción.
Uno de los temas del secreto público es la seguridad nacional. Se entiende y es aplicable, aunque eso no quiere decir que se mantengan en secreto total. Para tales efectos el Congreso debe participar de la supervisión y control. Así sucede en toda democracia. Muy desafortunada la actitud del secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval de resistirse a comparecer ante los legisladores. El presidente debió reconvenirle y obligarlo a entender que el funcionario no tiene un régimen de excepción al respecto; el fuero militar no da para condicionar o limitar al Congreso en sus responsabilidades de control horizontal de la administración pública, más cuando el presidente ha asignado a los militares tareas relevantes.
El presidente López Obrador no participa del compromiso por la transparencia. Parece asumir que su gobierno no debe estar bajo sospecha y, por lo mismo, para él es afrenta tener que rendir cuentas y transparentar su quehacer. Administrar bien no acepta coartadas, se tiene que cumplir con las leyes y sus reglamentos. Esto puede significar atraso en la obra pública, pero prescindir de ello puede afectar el interés público.
En noviembre de 2021 el presidente emitió el llamado decretazo, que es un acuerdo administrativo con el que se pretende agilizar las obras en curso como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas en Tabasco. Para ello determinó que las obras del gobierno federal consideradas por éste mismo como de interés público y de seguridad nacional estuvieran exentas del régimen de control administrativo; las dependencias tendrían 5 días hábiles para otorgar los permisos o de otra forma se considerarían aprobados, la llamada afirmativa ficta. Otro de los efectos del acuerdo es que los proyectos así declarados estarían fuera del régimen de transparencia, asunto que será motivo de atención por la Suprema Corte de Justicia.
En efecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Derecho a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impugnó ante la Corte dicho decreto. En breve, la Corte se pronunciará a partir de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara, quien reivindica el derecho constitucional a la información y, por lo mismo, las autoridades deberán dar información sobre las obras calificadas como de interés público y seguridad nacional. Cabe destacar que el Congreso también debió impugnar tal acto administrativo, ya que sus implicaciones son anular reglamentos que se derivan de leyes y que no está en las atribuciones del Ejecutivo ignorar o anular. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz rechazó que el INAI pudiera operar con cuatro comisionados; la decisión puede ser impopular, pero es la correcta y, en todo caso, compete al pleno su determinación.
La Corte ratifica su condición de garante de la Constitución y del andamiaje democrático de rendición de cuentas. El INAI es una institución de la mayor relevancia, sus aportaciones a la rendición de cuentas y al escrutinio público del gobierno así lo acreditan.
El presidente ha señalado que sus encuentros matutinos con medios de comunicación son suficientes para informar sobre el quehacer del gobierno, a pesar de que es evidente que no es así. El mandatario justificó la desaparición de la agencia informativa del Estado, NOTIMEX, y su sustitución por la llamada mañanera. Una prueba sobre su insuficiencia es que cuando se daba a conocer el derroche excesivo y posible desviación de recursos públicos del Secretario de la Defensa Nacional, el tema no se hizo presente; ocurrió posteriormente sin dar respuesta puntual y precisa, fue ocasión para denostar a particulares, como ha sido práctica.
La verdad y la transparencia van de la mano, sustento del derecho ciudadano a la información y fundamental para el escrutinio público de la actuación de las autoridades. Su exigencia resulta incómoda para el ejercicio del poder, pero también de la mayor relevancia para validar la legalidad y la salvaguarda del interés general.
La Corte y la transparencia
