CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero (AlmomentoMX).- La conformación de la Guardia Nacional constituye la continuidad del Estado policíaco militar y el reforzamiento de la militarización en todo el territorio nacional; aquella existe de facto, opera en diferentes estados de la República aún sin la formalidad constitucional; y, el temor popular de la violación de los derechos humanos se confirma, señaló el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En un comunicado dirigido al pueblo de México, los medios de comunicación, y los pueblos del mundo, el EPR señala que las diferencias entre las fuerzas políticas para su institucionalización residen en la disputa por cotos de poder que se traducen en mejores prebendas económicas y políticas, es el pragmatismo ramplón de los políticos de oficio que sólo velan por sus intereses de grupo.
“El marco jurídico que sustenta la existencia de la Guardia Nacional no tiene diferencia sustancial con la Ley de Seguridad Interior que fue anulada, criticada en su momento por la fuerza política que hoy tiene hegemonía en la administración pública y repudiada por el pueblo organizado”.
Agrega que la creación de cuerpos especiales para reprimir al pueblo y garantizar “seguridad pública” obedece a las exigencias y planes de la oligarquía independientemente de la administración que se encuentre en el Ejecutivo federal. El proyecto de la Guardia Nacional es un viejo plan con otro nombre que tiene sus antecedentes desde el sexenio de Ernesto Zedillo, se inscribe en una política contrainsurgente.
En su comunicado señala:
“La Guardia Nacional se estructura con los principales cuerpos policíaco militares que han objetivado el terrorismo de Estado durante los últimos 18 años, en lugar de desarticularlos y levantar juicios a la cúpula que ordenó a la tropa cometer crímenes de lesa humanidad se les premia con nuevo uniforme, insignias, fuero, más salario e impunidad. Su imposición es exigencia oligarca, necesidad de Estado y plan imperialista que se inscribe en la estrategia de contrainsurgencia global de continuidad transexenal.
“La desaparición forzada de personas por motivos políticos y sociales es de larga data, consecuencia directa de la política contrainsurgente aplicada en México sin importar el partido que gobierne, las estructuras encargadas de su planificación y ejecución siguen intactas porque están en manos de las fuerzas armadas.
“De igual manera es de antaño la lucha popular por la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, cuyo principal logro de las organizaciones de familiares, defensoras de derechos humanos y populares fue hacer visible el fenómeno como parte del terrorismo de Estado, hoy es consigna y demanda popular debido a la persistencia de la denuncia política y la movilización popular que gradualmente arribó a nuevas formas de lucha.
“La desaparición forzada al ser crimen de lesa humanidad y a la vez crimen de Estado no prescribe por eso resulta perverso que a los desaparecidos de manera forzada hoy se les pretenda desaparecer de la estadística, del discurso oficial, en las mesas de negociación y como legítima demanda de los familiares de las víctimas, a cambio de una nebulosa justicia transicional que todo lo taza en el perdón para los perpetradores e indemnización para los familiares de las víctimas.
“La política gubernamental del perdón se traduce en olvido al coercionar a los familiares y organizaciones para que eliminen de su lenguaje la categoría de desaparición forzada y con ello renuncien a la exigencia de presentación con vida de los desaparecidos, así como el juicio y castigo a los responsables. Al aceptar esta política gubernamental por parte de los familiares, de facto se acepta el perdón y el olvido, se convalida la impunidad.
“En el sexenio de Felipe Calderón fueron desaparecidos de manera forzada por su militancia revolucionaria nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, crimen de lesa humanidad que a la fecha se le pretende situar en el olvido; los dos anteriores sexenios, uno responsable directo y el otro corresponsable por complicidad a través de la omisión deliberada.
“En el presente gobierno al guardar silencio conduce a los mismos derroteros de la violencia de Estado e impunidad, la demanda en torno al caso de nuestros militantes es la misma: su presentación con vida y en libertad”.
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