Por José Cruz Delgado
*MARGARITA, UNA GUERRERA INCANSABLE.
Nadie imagina el desgaste físico, moral y psicólogo de quienes participan en los colectivos que no descansan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos víctimas de la delincuencia, recorriendo cerros y caminos en toda la geografía Michoacana pese a las amenazas de que son objeto, mientras que las autoridades poco o nada hacen al respecto para apoyarlos.
Es difícil entender que tras el dolor inmenso que sienten al no encontrar a sus familiares, todavía tienen que padecer el acoso de los criminales que los amenazan para que ya no continúen con la búsqueda, mientras que las autoridades estatales, federales y federales están inactivos.
Integrantes de grupos colectivos de personas desaparecidas en Michoacán enfrentan el asedio de grupos criminales, incluso, y ante las amenazas, tienen que huir de sus lugares de origen y esconderse en otros lugares como si fueran ellos los delincuentes.
Una guerrera incansable es sin duda Margarita López Pérez, del colectivo Buscando Cuerpos en México, una activista que lucha incesantemente para encontrar los cuerpos de las personas de desaparición forzada pese a los atentados sufridos y amenazas de muerte.
A López Pérez le ha tocado que los reciban con disparos a los colectivos, pero no se raja, incluso, ha tenido el valor suficiente para denunciar al comisionado de Búsqueda de Personas de Michoacán, José Alfredo Tapia Navarrete su falta de atención de hacia una problemática muy sentida en Michoacán que es la búsqueda de las personas desaparecidas, ya que desde su llegada al cargo, de acuerdo con lo manifestado por ella, el funcionario ha hecho caso omiso a las peticiones de los colectivos de madres buscadoras para dar con el paradero de sus familiares.
Pero también acusó al funcionario de realizar una serie de despidos injustificados de profesionales especializados en la materia para integrar en la nómina a familiares y amigos, además de utilizar el recurso en la compra personal de tres camionetas tipo Raptor que valen más de un millón y medio de pesos.
Explicó que la búsqueda de personas desaparecidas es una labor muy compleja de realizar, sobre todo en zonas con un nivel alto de inseguridad como lo es la Tierra Caliente, y el trabajo se vuelve todavía más complicado, dijo, cuando Tapia Navarrete utiliza el presupuesto para comprar al menos tres camionetas tipo raptor que valen más de un millón y medio de pesos, en lugar de adquirir maquinaria pesada que sean utilizada en las excavaciones o cuando se encuentran fosas clandestinas.
Mire usted, según narraciones de los familiares desaparecidos, no se ejecutan las acciones necesarias para tratar de localizar a hombres y mujeres de todas las edades de los cuales se desconoce su paradero.
La Comisión Estatal de Personas Desaparecidas no hace su trabajo, y se lo han dicho de frente y en su cara a los funcionarios, y salen con la estupidez de decir: “entendemos su situación y por lo que están pasando”.
¡Mentira! Hipócritas.
Señalan, que incluso son prácticamente abandonados en las localidades donde se realizan búsquedas, los dejan en las localidades y la gente de la Comisión se retira sin brindarles mayor apoyo. Incluso, tras amenazas de muerte tienen que ocultarse para no poner en riesgo sus vidas
Ante la falta de empatía de las autoridades con los familiares, son los colectivos quienes se organizan para localizar a los desparecidos y orientar a las familias.
Un dato muy revelador que dieron, es que en los municipios limítrofes con Jalisco, zona que es denominada como el corredor de la muerte por la cantidad de casos de despariciones se contabilizan más de 500 personas desparecidas.
Otro dato alarmante que dió un colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas, fue que viviendas y ranchos son quemados de manera intencional, sobre todo en municipios como Chinicuila, Aquila y Coalcomán, propiciando el desplazamiento de al menos tres mil personas que se refugian en otros municipios o en otra zonas.
Son muchos desplazados a quienes los obligan mediante amenazas a huir para despojarlos de sus pocos bienes para quedarse con ellos.
Esa situación los obliga a vivir en pobreza extrema, pues tienen que buscar nuevas alternativas laborales para educar a sus hijos y continuar con la búsqueda de familiares a pesar de las amenazas.
Se han dado casos de que algunos desplazados regresan a sus lugares de origen, pero al poco tiempo se vuelven a ir ante la falta de condiciones de vida y de seguridad.
Este gobierno y los tres anteriores -los del supuesto cambio- ni idea tienen de cómo y por qué desaparecen tantos mexicanos.
Mire usted, según narraciones de los familiares desaparecidos, señala el compañero Gregorio Ortega, no se ejecutan las acciones necesarias para tratar de localizar a hombres y mujeres de todas las edades de los cuales se desconoce su paradero.
Si no fueran por las madres buscadoras y colectivos, nada se haría para buscar y encontrar a los desaparecidos, vivos o muertos.
Los grupos de mujeres o las que solas se esfuerzan por conocer el destino último de sus seres queridos, de sus hijos, lo hacen con riesgo de sus vidas. ¿Sabemos a cuántas han asesinado?
¿A quiénes molestan que ordenan matarlas? ¿Qué es necesario ocultar? Lo terrible es que los gobiernos estatales y el federal no se coordinan y nada hacen para protegerlas y servirse, bajo el amparo de la ley, de ese esfuerzo que las autoridades se niegan a reconocer e impulsar.
Ahí están las fotografías y las imágenes que se muestran en los medios y ocupan mucho espacio en las redes sociales. Los rostros de esas mujeres muestran la angustia que destruye su razón y disminuye la fortaleza física.
No les importa si hace calor o frío. Recorren esos campos con varas en las manos para sondear los lugares susceptibles de haber sido usados para ocultar el resultado de la violencia, o del tráfico de órganos, o la trata, o la venganza, pero sobre todo el incumplimiento constitucional de las autoridades cuya responsabilidad es proteger la vida y dar seguridad a los mexicanos.
Resulta obvio suponer que Alejandro Encinas está mayormente preocupado por su posición política y la respuesta pronta a los requerimientos de su señor, que por el cumplimiento puntual de su responsabilidad y por la cual recibe su salario, con el complemento adicional de una subsecretaría para su hijo, afirma Ortega.
Los casos más recientes son los de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes, quienes desaparecieron el pasado fin de de semana cuando regresaban de Aquila después de una reunión y hasta la fecha no han sido encontrados.
