Por José Cruz Delgado
Las autoridades llaman al diálogo, pero pactan con sus socios; ignoran la ley, la planeación real y a los ciudadanos
Disputa interna entre transportistas: Falta de atención y favoritismos por parte de la autoridad.
La directora del Instituto de Transporte de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, hace un llamado a los transportistas a mantener la calma, recurrir al diálogo y esperar los resultados de estudios técnicos que, según dice, considerarán las necesidades reales de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de la evidente demanda de soluciones inmediatas, estos estudios técnicos no llegan y, cuando lleguen, seguramente justificarán lo injustificable para favorecer a su socio Marco Antonio Saucedo, de COMIT.
Por primera vez en mucho tiempo coincidimos con la directora en algo: “Las rutas que operan en Villas de Pedregal y zonas periféricas tienen más de 20 años funcionando”. Sin embargo, omitió decir que esas rutas operan fuera de la ley, ya que se trata de rutas foráneas que no deberían prestar servicio en colonias y mucho menos realizar ascensos y descensos fuera de sus terminales —terminales que, por cierto, están abandonadas o funcionan únicamente como pensiones para guardar camiones. Además, es de todos conocido que la mayoría de esas unidades ni siquiera portan placas de circulación. Durante más de dos décadas, la autoridad ha sido inoperante y omisa en la aplicación de la ley.
La directora reconoce la necesidad histórica de mejorar el transporte, pero su visión es muy limitada: insiste en elaborar estudios PIMUS (Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable) que, de integrales y sustentables, tienen poco. Dichos planes parecen estar diseñados para justificar proyectos multimillonarios como teleféricos y BRTs, donde únicamente se calcula la rentabilidad para ciertos socios, dejando de lado al resto del sistema de transporte. Esta visión fragmentada confunde a la sociedad y desincentiva el uso del transporte público en detrimento de la movilidad de la ciudadanía.
Resulta especialmente contradictorio que nuestras autoridades ignoren las propias recomendaciones plasmadas en la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (2024), documento en el que participó la arquitecta michoacana Gladyz Butanda Macías. Este documento señala lo siguiente:
“Los sistemas de transporte deben modernizarse de manera progresiva y meticulosa, evitando cambios abruptos que puedan desestabilizar su funcionamiento. Por ejemplo, es contraproducente pasar directamente de un modelo de ‘hombre-camión’ (concesión individual) a implementar sistemas como el BRT o introducir vehículos eléctricos sin haber desarrollado previamente una infraestructura básica adecuada. Esto incluye puntos de parada bien definidos, información clara sobre la oferta de servicios y la organización de servicios auxiliares mediante un organismo especializado. Además, la implementación de tarjetas integradas debe hacerse después de consolidar empresas operadoras formales que reemplacen el modelo ‘hombre-camión’, garantizando así una gestión profesional y eficiente. La modernización progresiva evita fallos sistémicos y asegura un beneficio real y sostenido para los usuarios y las autoridades responsables del servicio.”
Qué incongruente resulta que nuestras autoridades ignoren sus propias recomendaciones, y en su lugar apuesten por teleféricos y metrobuses carísimos, sin atender el endeudamiento del estado y desconociendo las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Prefieren, además, una campaña mediática que desprestigia y divide al sector transportista, sin la responsabilidad —ni la autoridad moral— de reconocer que detrás de estos proyectos se ocultan intereses económicos que han enriquecido a funcionarios a costa de un servicio público esencial.
