LA COLUMNA: Con ley o sin ley los gruyeros siguen robando en complicidad con la SSPM

Pese a que existen una ley recién aprobada por las y los congresistas para evitar los abusos de los “gruyeros” en Michoacán, éstos se la pasan por el Arco del Triunfo, les vale madre y siguen haciendo de las suyas sin que nadie les diga nada.

Y es que el meollo del asunto está en que a través de la adición de nuevas fracciones al artículo 42, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el cumplimiento de las tarifas autorizadas, emitir reglas claras sobre la operación de los depósitos, y asegurar que las personas usuarias tengan acceso inmediato a toda la información sobre los costos y procedimientos del servicio, y ahí el problema, pues es un secreto a voces que los “gruyeros”, en contubernio con los elementos de seguridad pública hacen negocios, siendo precisamente en la citada dependencia donde se da la corrupción, es decir, la iglesia la pusieron en manos de Lutero.

Hay casos donde la gente termina pagando más que el valor de su carro, muchas veces usado para su trabajo diario. Es una doble injusticia. Segun la nueva legislación, se busca que ningún ciudadano o ciudadana que no tuvo responsabilidad en un accidente vial tenga que pagar por el arrastre o resguardo de su vehículo, esto con la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

En Michoacán, ser inocente en un accidente vial no garantiza justicia. Muchas personas, sin tener responsabilidad en un percance, terminan pagando altos costos por grúas y corralones.

Para el legislador, si una persona no tuvo culpa, su vehículo debe ser liberado de inmediato y sin costo alguno. Y el dictamen que lo acredite deberá ser gratuito, porque no es justo que se cobre por demostrar tu inocencia.

Esta iniciativa surge de la voz de muchas víctimas de accidentes viales, quienes además del daño físico o material, enfrentan cobros injustificados, demoras innecesarias y en algunos casos, extorsiones por parte de operadores de grúas y depósitos vehiculares.

La reforma también contempla los casos donde hay responsabilidad compartida cada persona involucrada pagará proporcionalmente lo que le corresponda, según lo determine la autoridad competente. Nada más y nada menos que lo justo.

Además, se establecerán obligaciones claras para concesionarios y autoridades. Quien no respete estas nuevas reglas enfrentará sanciones.

Para el diputado Hugo Rangel, quien encabezó los trabajos del dictamen, el propósito es erradicar la discrecionalidad, la corrupción y la falta de transparencia que han caracterizado a este servicio por décadas. La ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin saber por qué, sin reglas claras, y sin ninguna garantía sobre el cuidado de sus vehículos. Estas reformas colocan por fin el interés público por encima del negocio privado.

Las reformas aprobadas precisan las causales por las que un vehículo puede ser remitido al depósito, limitando el margen de interpretación de las autoridades y armonizando los reglamentos municipales con la legislación estatal. Además, se obliga a que todas las tarifas por concepto de arrastre, salvamento y guarda de vehículos sean públicas, estén autorizadas por el Congreso del Estado y sean fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con la Ley de Gobierno Digital. “Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, enfatizó Rangel Vargas.

La iniciativa también retoma buenas prácticas del reglamento federal de servicios auxiliares de autotransporte, como la obligación de registrar en un sistema informático los movimientos de ingreso y salida de vehículos del corralón, y de garantizar la conservación y el resguardo de cada unidad.

se dijo que estás reformas no solo corrigen vacíos legales, sino que son un acto de justicia para miles de michoacanas y michoacanos que han sido víctimas del abuso. “Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie. Vamos a seguir empujando desde el Legislativo para que las autoridades cumplan, para que los reglamentos se actualicen, y para que los derechos de la ciudadanía estén por encima de los privilegios de unos cuantos.

Pero como le dije, no hay quien controle a estos ladrones mientras que seguridad pública se hace de la vista gorda y no tan fácilmente van a terminar con el negocio que tantas ganancias les da en complicidad con las empresas de grúas.