Por José Cruz Delgado
*Ramírez Bedolla prefiere rocanrolear que atender el tema de la inseguridad.
*Designaciones a modo en el INE para favorecer a Morena.
Mientras Michoacán sufre los embates del crimen organizado con el cobro de piso, extorsiones, levantones, ejecuciones, bloqueo de carreteras, incendios de lotes de autos y locales comerciales y de convivencia, el
el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se preocupa más por realizar eventos rocanroleros para desviar la atención de su fallida estrategia de seguridad, pero que se puede esperar de él que nunca estuvo preparado para ser gobernador.
El estado está muy lastimado por las extorsiones, los cobros de cuotas, las fosas clandestinas que se han localizado, las desapariciones y los homicidios de familias enteras en la entidad.
En Michoacán, agricultores dedicados al sector aguacatero y limonero son amedrentados y extorsionados por grupos de delincuencia organizada sin que el Estado brinde seguridad y justicia. Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no han sido eficientes para hacer frente a esta situación. La crisis de inseguridad en Michoacán le ha arrebatado la estabilidad no sólo a los pobladores del estado, sino también al país; ha desequilibrado la economía nacional, pues la entidad es la principal productora de aguacate de México, con el 86.2 % de producto, así como la segunda en producción de limón, con el 24.1 %, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con corte a abril de 2023.
Las cuotas exigidas son impuestas por la siembra, el uso de agua, la cosecha, el empacamiento y traslado a los puntos de venta, por lo que existe variación entre los costos de la extorsión. Los grupos de delincuencia organizada amenazan y violentan para recibir el pago con acciones que van desde la quema de las huertas, empacadoras o tractores que paralizan los negocios, hasta amenazas de muerte a los productores. Reportes de prensa incluso recogen testimonios de limoneros que afirman trabajar “bajo las reglas que les imponen los cárteles como son los horarios y días de trabajo”.
Además de estar sometidos a estas extorsiones y tratos, entre las personas afectadas existe el miedo fundado de sufrir una desaparición, no sólo por no entregar los pagos solicitados, sino por el mero hecho de habitar o transitar en zonas catalogadas como de alta peligrosidad debido a la presencia de cárteles de droga.
El desplazamiento forzado de personas en la entidad es otra de las consecuencias graves: ante el altísimo nivel de inseguridad que pone en riesgos sus vidas y su integridad, muchos pobladores han tenido que abandonar su lugar de origen en busca de un sitio con otras condiciones para vivir.
La revista Nexos publicó que para las personas productoras de limón y aguacate la tranquilidad está ausente y las constantes promesas gubernamentales de erradicar la violencia no se han traducido en mejoras concretas para sus comunidades. Y es que los gobiernos federal y local, lejos de atender las causas de esta violencia —que incluyen abandono estatal, ambiente de impunidad, escasa cohesión social y ausencia de cultura de la legalidad— han optado por aumentar la presencia indiscriminada de elementos militares y las penas privativas de libertad para el delito de extorsión, dejando de lado acciones cruciales para atender la raíz del problema.
El 2 de marzo de 2023 entró en vigor una reforma legislativa impulsada por el Congreso local que aumentó la pena de prisión para la extorsión de 12 a 25 años; además aprobó que este crimen sea investigado sin necesidad de ser denunciado, es decir, que sea perseguido con el mero conocimiento de la autoridad, pues pasó de ser un delito pecuniario a uno que atenta contra la paz y la seguridad de las personas. Una medida insuficiente, en principio por reactiva, pero también porque no atiende las causales que han originado la ola de violencia y el delito de extorsión en sí.
El delito de extorsión va al alza. De acuerdo con datos de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2023 (con corte a septiembre de ese año), presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de marzo a septiembre, hubo un aumento de 30 a 182 carpetas de investigación. Esta cifra no considera aquellas denuncias que no se realizan por miedo o porque la población piensa que es una pérdida de tiempo, como consecuencia de la desconfianza a la autoridad.
Los agricultores están descontentos, pues la extorsión no cesa y no les queda otra alternativa que continuar con el pago de las cuotas exigidas. El nivel de percepción de que estas autoridades tengan un impacto positivo es muy bajo, pues los agricultores han mencionado que la presencia de cuerpos militarizados no disminuyó el delito.
Según la revista Nexos, el caso de Michoacán nos habla de un debilitamiento institucional muy alarmante, en donde las autoridades gubernamentales ya no son vistas por la población como capaces de dar solución a estas problemáticas y de dar atención a sus necesidades. La credibilidad de la autoridad es cuestionable ante la falta de soluciones que atiendan de manera eficiente la situación a la que se enfrentan los cultivadores.
Resulta necesario que las autoridades, lejos de empujar medidas punitivas, reactivas y militarizadas, vuelquen la mirada a las situaciones que dieron origen a esta problemática con la finalidad de formar estrategias sólidas e impulsar medidas estructurales, como políticas públicas que atiendan las condiciones de precariedad económica, garantizar el acceso a derechos económicos, sociales y culturales para una atención integral a la población afectada y, por último, la construcción de una buena gobernanza con apego a los derechos humanos, así como la elaboración de normas, políticas públicas, programas que respondan a las necesidades de la población.
DESIGNACIONES A MODO EN EL INE…..
Sin el aval del Consejo General del INE y con la nueva atribución que le otorgó el Tribunal Electoral, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, removió como encargada de la Secretaría Ejecutiva a María Elena Cornejo y designó en su lugar a Claudia Suárez, una ex encargada de Control de Abastos en el IMSS y sin experiencia electoral.
Previamente, Claudia Suárez fue nombrada por Guadalupe Taddei —vía oficio y sin el respaldo del Consejo General del INE— como encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, espacio que dejó para ser la nueva encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
En un comunicado, el INE hizo oficial el nombramiento de Claudia Suárez, quien es maestra en Derecho Constitucional y Amparo, licenciada en Administración y especialista en compras gubernamentales, en lo que tiene 20 años de experiencia en diferentes organismos. Pero no tiene experiencia electoral, a pesar de que la Secretaría Ejecutiva es el cargo más relevante en el INE.
