CIUDAD DE MÉXICO.- El dictamen establece que corresponderá al Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios, en donde al menos un 20 por ciento de la población hable una lengua indígena, las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas indígenas de uso en el territorio.
Señala que la reforma da una mayor protección y garantía al respeto, difusión y promoción de las lenguas indígenas, asegurándoles una reciprocidad intercultural en los espacios donde son de uso cotidiano adecuando el espacio público para ello.
Refiere que el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2014-2018 menciona que se deben promover la obligatoriedad de empleo y difusión de las lenguas indígenas en espacios institucionales y en medios de comunicación, y que esto se ve reflejado en la reforma. El documento fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales,
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) mencionó que el Estado mexicano tiene la obligación de reconocerse como una nación pluricultural como se ha estipulado en la Constitución; “pero no basta sólo con el reconocimiento, debemos establecer en la ley todo aquello que les permita gozar de manera plena sus derechos humanos; no es una graciosa concesión, es una exigencia que nos demanda la nación”.
Por ello, indicó, esta reforma busca revertir las condiciones de exclusión en las que viven muchas y muchos indígenas. Creemos que contribuirá a detener la pérdida de las lenguas indígenas que en los últimos 90 años se ha reducido en 10 por ciento, siendo que hoy sólo el 6 por ciento de la población se comunica en lenguas indígenas.
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