CIUDAD DE MÉXICO.- Jueza suspende imputación contra María Amparo Casar y detiene, al menos de forma temporal, el avance de un proceso judicial que había generado amplia atención pública y política. La decisión judicial dejó sin efecto la audiencia de imputación programada contra la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como la comparecencia de dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionados con el mismo expediente.
La resolución abre un nuevo capítulo legal en un caso que combina temas de responsabilidad administrativa, uso ilícito de atribuciones y el debate sobre la legalidad de una pensión vitalicia otorgada en 2004.
La jueza Diana Selene Medina Hernández determinó suspender la audiencia de imputación prevista para este martes, en la que se acusaría a María Amparo Casar López de presuntamente haber incurrido en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis de promoción ilegal de una autorización con contenido económico.
Como parte de su resolución, la juzgadora ordenó “devolver” la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía General de la República (FGR), dejando a salvo los derechos del Ministerio Público Federal para volver a presentar la imputación ante la autoridad judicial competente.
Este punto es clave, ya que la jueza consideró que el trámite procesal se realizó ante un órgano jurisdiccional que no correspondía, lo que invalida la programación de la audiencia en los términos planteados inicialmente.
El fondo del asunto se centra en una pensión vitalicia de aproximadamente 125 mil pesos mensuales, otorgada desde octubre de 2004 por Pemex. Según la acusación, este beneficio habría sido autorizado de manera irregular, ya que el pago estaba condicionado a que el trabajador falleciera por accidente laboral.
Las autoridades concluyeron que la causa de la muerte fue suicidio, lo que, de acuerdo con la investigación, habría impedido legalmente el otorgamiento de la pensión. Bajo este argumento, se pretendía imputar tanto a María Amparo Casar como a dos exfuncionarios de Pemex que habrían participado en la autorización y promoción del pago.
Con la suspensión de la audiencia, también quedó cancelada la comparecencia de estos exservidores públicos, quienes enfrentarían cargos similares por uso ilícito de atribuciones y facultades.
La resolución judicial establece que, si la FGR decide continuar con el procedimiento, el expediente deberá quedar en manos de un juez con sede en el Reclusorio Norte, ya que en junio de 2024 el juez Gerardo Alarcón López autorizó diligencias relacionadas con esta carpeta de investigación.
Además, la jueza Medina Hernández incluyó un señalamiento poco común al advertir una “falta de diligencia en el actuar” del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Oriente. En su resolutivo, conminó a la administradora del órgano jurisdiccional a evitar omisiones injustificadas que puedan afectar a los justiciables.
Incluso advirtió que, de repetirse este tipo de conductas, se dará vista al Órgano de Administración Judicial para que adopte las medidas correspondientes, lo que añade un componente institucional al caso.
Implicaciones políticas y legales del fallo
La suspensión de la imputación tiene implicaciones que van más allá del terreno estrictamente jurídico. María Amparo Casar, como figura pública y presidenta de una organización crítica del poder, se encuentra en el centro de un debate sobre persecución judicial, debido proceso y el uso de las instituciones de justicia.
Desde el punto de vista legal, la decisión no representa una absolución ni el cierre definitivo del caso, sino un retraso procesal que obliga a la FGR a replantear su estrategia y presentar nuevamente la imputación ante el juez competente.
Al mismo tiempo, el fallo refuerza la importancia del respeto a las reglas procesales, incluso en casos de alto perfil, y subraya que los errores administrativos pueden frenar investigaciones relevantes.
La decisión que suspende la imputación contra María Amparo Casar marca un momento clave en un proceso que sigue abierto y que podría retomarse en las próximas semanas. La devolución del expediente a la FGR, el cambio de juzgado y las observaciones al actuar judicial evidencian que el caso aún está lejos de resolverse.
Mientras tanto, el episodio reaviva el debate sobre legalidad, transparencia y uso del sistema de justicia en México, así como sobre los límites entre la rendición de cuentas y el respeto al debido proceso. El desenlace dependerá ahora de si la fiscalía decide insistir y cómo reconfigure su acusación ante el juez correspondiente.
AM.MX/fm
