CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero (AlMomentoMX).- Una juez federal rechazó dar marcha atrás la decisión de otro juzgador, quien ordenó restringir las visitas y llamadas de Elba Esther Gordillo, medidas cautelares que fueron solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por considerar que la ex lideresa magisterial puede “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.
Rosa María Cervantes Mejía, titular del juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó la suspensión a la ex dirigente sindical, porque la ley establece que ante hechos consumados no procede la suspensión.
El pasado 12 de febrero, Alejandro Caballero Vértiz, juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Reclusorio Preventivo Oriente, determinó ampliar las medidas cautelares contra la ex dirigente sindical, por petición del Ministerio Público.
La PGR argumentó Elba Esther todavía tiene influencia moral y puede “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”. Además, señaló que el departamento de la maestra se convirtió en un “despacho” donde recibe a decenas de personas, “desconociendo para qué fines”.
El juez Caballero amplió las medidas cautelares y demandó a Elba Esther entregar la lista de amigos, familiares, abogados y médicos con copia de su identificación y comprobante de domicilio para que sólo ellos puedan visitarla, siempre y cuando demuestran que son personas íntegras.
La PGR también solicitó establecer un régimen de control de comunicación para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión preventiva.
Personas cercanas a la defensa de la ex lideresa señalaron que la resolución de la juez de amparo fue impugnada, a través de un recurso de queja, que tocará conocer a un Tribunal Colegiado, quien cuenta con 48 horas para emitir un pronunciamiento.
Por su parte, Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther, calificó las medidas solicitadas por la PGR como “draconianas, electoreras” y consideró que están usando a la Procuraduría como un instrumento para fines que no son propios del Estado de derechos.
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