CHETUMAL, QUINTANA ROO, 19 de junio (AlmomentoMX).- El Poder Judicial de la Federación, al través del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, concluyó luego de previo análisis no amparar a Jorge Eugenio Acevedo Marín y Gerardo Vázquez Handall, respectivamente.
Lo anterior se desprende de la denuncia presentará por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, luego de que la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) detectara un desfalco realizado en la administración de Jorge Eugenio Acevedo Marín, al frente del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCQS), por más de 800 millones de pesos.
Por ese hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación en contra de quien fuera también vocero del ex gobernador Félix Arturo González Canto, debido a que se le señala del desvío producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Como se recordará, Sol Quintana Roo informó de manera exclusiva el caso, sobre todo, cuando en enero pasado y diciembre de 2018, Acevedo Marín y Vázquez Handall, respectivamente, solicitaron ampararse para no ser detenidos por ninguna autoridad, mismo que el Juez declaró infundada.
El Juez dejó en claro que la justicia de la unión no ampara ni protege al director general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCQS), Jorge Eugenio Acevedo Marín y su ex administrador, Gerardo Vázquez Handall, en contra de la orden de aprehensión dictada el 18 de enero de 2019. Motivo por el cual se hizo contar que la publicación de esta resolución se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes.
De acuerdo con las razones expuestas en el último considerando el Juez Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo ordenó notificar el acuerdo.
En relación a Gerardo Vázquez Handall, quien promovió el amparo 976/2018 en mes de diciembre, también se rectificó su fianza pasando de 800 pesos que le había impuesto en un principio un Juez Federal a 44 millones de pesos.
Ambos ex funcionarios, en su momento, intentaron evadir la orden de aprehensión que intentaron cumplimentar agentes federales y locales, la cual hoy queda sin efecto y protección de la ley, lo que los pone contra de la espada y la pared.
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