CIUDAD DE MÉXICO.- Jueces y magistrados federales cesados por la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, exigen al Órgano de Administración Judicial (OAJ) el pago de la indemnización de retiro, establecida en el artículo 10 transitorio de la polémica norma en vigor desde septiembre de 2024.
Unos 50 juzgadores se manifestaron este miércoles frente a la sede del OAJ, al sur de la Ciudad de México, para demandar la indemnización, que consta de tres meses de sueldo y 20 días por cada año de servicio.
Faustino Gutiérrez Pérez, juez en retiro, aseguró que alrededor de 800 jueces y magistrados no han recibido ni un peso; solo promesas y largas, de las nuevas autoridades del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“No sabemos por qué no se ha hecho el trámite para que ya nos paguen. Estamos hablando de alrededor de 800 jueces y magistrados que algunos declinamos, unos participaron en la elección y no resultaron ganadores, pero el artículo 10 transitorio establece claramente que quienes declinamos o quienes participaron en la elección judicial y no resultaron vencedores, tenemos derecho a esa indemnización”, indicó.
Gutiérrez Pérez afirmó que él y otros jueces se retiraron porque no quisieron ser miembros del actual Poder Judicial, al que calificó de “falso”.
Comentó que tienen prohibido litigar dos años, en el lugar en el que estuvieron asignados como juzgadores, por lo que necesitan que les paguen la indemnización porque es un derecho que tienen como trabajadores.
En tanto, la jueza en retiro, Marlén Ángeles Tovar, refirió que lo mínimo que debe hacer el Estado es pagarles lo que está previsto en la Constitución, que, aseguró, es algo mínimo.
“Es justo que, por lo menos, nos paguen lo que está previsto en la Constitución, que ni siquiera alcanza al nivel de una indemnización porque no nos están pagando daños y perjuicios, toda la afectación que hemos sufrido por un cese injustificado porque fue sin juicio, sin procedimiento, sin pruebas sin que se hiciera una evaluación completa de nuestro cargo”.
La jueza aseguró que “ni siquiera hay un diagnóstico a la fecha que advierta de un problema generalizado sobre nuestro desempeño”.
Y agregó: “Lo que es importante precisar es que los juzgadores, todo el tiempo que desempeñamos el servicio, teníamos la prohibición constitucional de desempeñar otro empleo o dar asesorías. Nosotros no podemos dar asesorías como la dan algunos legisladores, algunos secretarios de Estado. Ellos sí pueden tener 5, 30 millones de pesos en asesorías un año, nosotros no. Nosotros ni siquiera por dar clases teníamos esa prohibición. Somos de los únicos servidores públicos que tenemos esa prohibición constitucional”.
AM.MX/fm
