Sergio Gómez Montero*
contienda mortal de lo divino
la atracción se lanza a conjeturas
envuelto lo intemporal al vestigio
C. Váscones: “Poesía”
Sí, cierto, la contienda frontal que por estos días se registra entre el representante del Ejecutivo y algunos jueces y jurisconsultos del país, a causa de la publicación de una nueva ley eléctrica que restituye al Estado su facultad de regular el servicio, no sólo ha puesto en el tapete de la discusión la autonomía de los Poderes que sustentan el gobierno de la República, sino algo que desde tiempo atrás, en política, es motivo de discusiones profundas: ¿cuándo, el miembro de un gobierno, pierde su carga clasista? Es más, ¿la puede perder?
Esa discusión no sólo se provoca a raíz del diferendo mencionado en el párrafo anterior, sino también tiene que ver con el desafuero que se está ventilando en contra del gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas, y que tiene que ver, en general, con el tema de por qué gobernar tiene que ser, por lo común, un ejercicio que, en sí, casi siempre, conlleva en posicionar a quien gobierna en la clase social de quienes disfrutan de bienes y fortunas cuantiosos y deslumbrantes, razones por las cuales los jueces tienden a identificarse a plenitud con sus congéneres más que con lo que dice la ley en sentido estricto (la ley que emana de la Constitución de 1917). Es decir, ¿cómo conciliar ley y clase social?
Esa pregunta, decía que desde muchos años atrás está vigente –ya la esboza Platón en su libro señero que así se llama: “Las Leyes”, en donde Creta y Licurgo ocupan un lugar relevante, pues ya desde entonces el carácter universal y trascendente de la ley se opone a la particularidad de lo inmediato y físico, que es lo que le da sentido a la vida diaria– y, desde entonces, alimenta a la política, pues, simplificando, ¿cómo puede ser ésta, la política, pura y santa, por más regida que se encuentre por la ley, si quienes la ejecutan son los hombres, y ellos, quiéranlo o no, pertenecen a una clase social y por ende defienden por sobre todas las cosas sus intereses de clase? ¿Se necesitan, pues, jueces puros y simples, sin clase social, para que la ley opere?
Ese es hoy dilema que se está dirimiendo en los conflictos sociales mencionados: ¿cómo conciliar hoy ley y gobierno, si, entre ellos, se atraviesa el conflicto de clase social? Es decir, si no se entiende que ya quedó atrás el principio del enriquecimiento ilícito que se vinculaba a gobierno y que ubicaba así al gobernante, por el único hecho de serlo, en la clase explotadora de la sociedad, las leyes no podrán cambiar, pues, querámoslo o no, la ley sigue rigiendo nuestra vida social, y si la vida social está cambiando para bien, la ley y sus administradores deben de cambiar. Una lección que no sólo el gobernador Cabeza de Vaca debe aprender, sino todos los gobernadores panistas.
Y, querámoslo o no, el Poder Judicial, en tanto parte del gobierno de la República, debería, en la vía de los hechos, ajustarse y sujetarse al nuevo espíritu de la ley que apenas está surgiendo.
Está fácil y sencillo… ¿O no?
*Profesor jubilado de la UPN/Ensenada
gomeboka@yahoo.com.mx
