Sergio Gómez Montero*
La “república” tiene en español dos grandes significados, ambos ya perfilados por los griegos. Por un lado, tiene que ver con todo aquello que pertenece a lo público (a las personas). Pero, por otro lado, lo más común, hace referencia a la forma en que un gobierno se organiza luego de la inoperancia, en muchos sentidos, de las monarquías. De hecho “república” formal y gobierno organizado surgen con el desplazamiento que la burguesía hace de la monarquía y se encarga ella, como clase dominante, del control del gobierno y de la sociedad. Desde sus inicios, esa república burguesa se sustentó en tres poderes para así organizar y operar el gobierno de la sociedad: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aunque, desde sus inicios esa República así constituida mostró malformaciones que hasta la fecha subsisten y marcan indeleblemente el funcionar de ese órgano.
Así, por ejemplo, hoy en México, tal como lo marca la Constitución el Ejecutivo concentra un poder casi omnímodo que lo ubica por encima de los otros dos poderes. El Judicial, encargado de la justicia, hace de ella un papalote el que moviliza de acuerdo a convenios sucios y extraños, y finalmente el Legislativo que, de manera reciente, se ha convertido en un pesado cuerpo burocrático que se mueve, por lo común, de una manera oscura, sospechosa y tramposa (léase el artículo de hoy de Luis Hernández Navarro en La Jornada, “Chapulineo chiapaneco”, un artículo que se puede hacer extensivo a todos los estados del país). Con esos bueyes hay que arar y por eso el por qué hoy los asuntos que tienen que ver con la cosa pública (res pública) se realizan, todavía, de una manera tortuosa e insuficiente. Una República enferma como la actual no puede llevar a cabo lo que el pueblo requiere, le urge.
No es un constipado simple lo que hoy afecta a la República. Un galeno lo suficientemente preparado (teniendo a un lado el Qué hacer de Lenin, si se puede Los cuadernos de la cárcel de Gramsci y por no dejar El arte de la guerra de Sun Tzu) quizá determine, rápido, que los malestares de la enferma si bien no son de carácter terminal (puede seguir actuando con sus malestares actuales), si se quiere que la cosa pública funcione de manera efectiva, en beneficio del pueblo, debe sustentarse en una ley magna (Constitución) más clara, más precisa y más justa, que otorgue sin remilgos a los sectores más amplios de la población no sólo representatividad, sino sobre todo poder de decisión para que la economía y la justicia operen en realidad en beneficio de ellos (los sectores mayoritarios de la población).
Si bien el diagnóstico de los malestares de la República existe, habría que comenzar ya a discutir sobre cómo operar masivamente para que la Constitución cambie. Cambie si es preciso la República, y sobre todo que los Poderes que hoy componen a esa República modifiquen de manera radical y sustantiva su forma de operar.
A veces pedir no cuesta nada.
*Profesor jubilado de la UPN/Ensenada)