Sergio Gómez Montero*
Los recuerdos, inútil infinito,
solos y unidos contra el mar, intacto
en medio de estertores infinitos…
G. Ungaretti: “Los recuerdos”
¿Cómo no recordar a los Estados quebrados, inexistentes, aquellos que no saben imponer la ley ni el estado de Derecho y dejan que cada quien haga de lo suyo lo que quiera, sin respetar lo de los otros? Sin ley no hay orden y por eso el Estado, en esas situaciones, se vuelve invisible o inútil, como pasó en nuestro país no sólo durante el neoliberalismo (la ficticia guerra contra el narcotráfico), sino un poco más atrás (la operación cóndor en Sinaloa a principios de los setentas), cuando, durante todo ese tiempo, se jugó con la ley de diversas maneras y por eso el Estado era sólo un fantasma que coparticipaba en el crimen organizado y su tarea primordial consistía en hacer negocios bajo el amparo de la corrupción. Es decir, se había perdido la costumbre de gobernar de acuerdo con la ley. Tristes, deleznables tiempos esos, que también hay que desterrar lo más rápido que se pueda. ¿Cómo hacerlo, cómo lograrlo?
Allí, todo pareciera centrarse en una pregunta: ¿cómo lograr que el país, de nuevo, vuelva a regirse por la ley y el Estado, entonces, como marca la ley, monopolice la violencia y, sobre todo, imponga el principio de autoridad que sustenta a la ley, para que así quede desterrado de manera definitiva el crimen organizado, es decir la malhadada colusión entre gobierno y narcotráfico? En otras palabras, ¿volver a hacer la ley o sólo restaurarla? Un dilema muy complejo, dado que, luego de las múltiples modificaciones que ha sufrido la Carta Magna, se cambió de manera sustantiva el contrato social allí contenido, de tal forma que, por ejemplo, el tutelaje que el Estado debía hacer, como tarea primordial, de los intereses de obreros y campesinos, hoy, de hecho, ya eso no existe, dado que las modificaciones que ha sufrido la ley no sólo lo ha anulado, sino que esa tutela, con el neoliberalismo, chistosamente se trasladó hacia el empresariado, quien con tal tutela y la corrupción hizo su agosto hasta recientemente. De allí pues, entonces, que al nuevo gobierno le toca hoy decidir si nueva ley o restaurar la original de 1917, que establecía lo que hoy la Cuarta Transformación persigue.
Menuda tarea la verdad.
No se trata, pues, si de más o menos fuerza. El dilema es otro: restablecer la ley o crear un nuevo orden jurídico que le permita al Estado realizar ordenadamente las tareas que le corresponden y que se vinculan, entre otras cosas, con el principio ya mencionado de ser él, cuando esté plenamente restablecido el Estado de Derecho, el monopolizador de la violencia. Mientras ello no quede establecido, tampoco se podrán establecer los rangos de violencia a aplicar en cada protocolo de prevención y nulificación de ella.
La violencia es. de tal forma, un fenómeno social que conlleva múltiples dimensiones de análisis que, en la práctica, se concretan en acciones conflictivas también de naturaleza múltiple y que, como hoy ha repetido el Ejecutivo, no se resuelven sólo con el uso de la fuerza (como trágicamente, para todo el país, trató de hacerlo el capitán Borolas sin estar en sus cuatro sentidos). Mucho más hay que invertir allí, como se ha tratado de demostrar aquí, de manera breve y sucinta.
Como sea, difícil tarea ésa, ¿no?
*Profesor jubilado de la UPN
gomeboka@yahoo.com.mx
