CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los inquilinos de Santa Fe que hayan comprado un departamento o vivienda dentro de las 53 hectáreas investigadas por la FGR por ser “propiedad de la nación” no tienen que preocuparse por perder su propiedad, no necesitan un abogado y contarán con el respaldo de la dependencia.
“Todas la personas que regularizaron sus viviendas o departamentos en esos edificios, fueron ante el notario y los tramitaron de manera legal fueron engañados. Pensaron que estaban comprando una propiedad absolutamente legal, con un antecedente registral a favor de una persona.
“Nosotros estamos investigando el antecedente registral de cada propiedad y vemos que no hay continuidad en muchos casos”, explicó Miguel Leyva Medina, titular de la Unidad Especializada de Investigación Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas de la FGR.
Miguel Leyva Medina explicó que los inquilinos no tienen ningún riesgo y que quien tiene que responder es quien haya invadido originalmente un terreno. Y en caso de no poder ser recuperado por la nación, la persona que invadió originalmente (quien apunta a ser el desarrollador) tendrá que indemnizarlo a favor del erario público, en entrevista con Joaquín López-Dóriga.
Leyva Medina aseguró en entrevista para “Por La Mañana” con Ciro Gómez Leyva, que los procesos para recuperar los bienes de la Federación en la zona se llevan en contra de quienes invadieron los terrenos, es decir, los desarrolladores, no contra los habitantes.
“No ocupan un abogado, porque no tienen ningún delito del qué defenderse”, explicó Leyva Miranda, quien añadió que: “Las puertas (de la Fiscalía) están abiertas para asesorarlos y para poder responder sus dudas”.
La FGR investiga invasiones de terrenos propiedad de la nación en Santa Fe y la venta de estos, ocurridas principalmente en la década de 1980, debido a que “los bienes propiedad de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
De acuerdo con la Fiscalía existen dos decretos en esta materia, uno de ellos, publicado en 1907 por Porfirio Díaz en el que declaró como bienes de propiedad nacional una superficie de 2 mil hectáreas. Y otro, de 1917, cuando Venustiano Carranza. A pesar de que estos decretos tienen más de 100 años, no prescriben, aseguraron.
El titular de la Unidad Especializada de Investigación Terrorismo señaló que los inquilinos que hayan adquirido una vivienda o un departamento en esos edificios de Santa Fe “de buena fe” serán defendidos por la propia institución y no tiene nada de qué preocuparse.
“Estamos investigando a quien haya invadido los terrenos propiedad de la nación para irnos contra ellos, en caso de que lo tengamos bien y absolutamente probado”, aclaró.
El funcionario de la Fiscalía apuntó que se busca a los que realizaron las invasiones, construcciones y ventas en Santa Fe, no a los inquilinos. “En caso de que el inmueble o bien no pueda ser restituido de forma total, deben pagar daños y perjuicios quien lo haya tomado”, dijo el funcionario de la FGR a cargo del caso.
Asimismo, Leyva Medina explicó que la Fiscalía está en contacto directo con la representante de los colonos de Santa Fe para informar y responder dudas.
Ante la pregunta de López-Dóriga sobre si esos terrenos se quieren para la construcción del Parque Nacional de Justicia, el funcionario explica que dichas oficinas se instalarán en un edificio existente y que el terreno en disputa en Santa Fe no es para la Fiscalía, sino para beneficio de la Federación.
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