Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina anunció el envío de cinco iniciativas de ley al Congreso de la Ciudad de México, orientadas a reducir la incidencia delictiva, mejorar la procuración de justicia y homologar las normas locales con las federales. Además, una de ellas busca establecer el Sistema Público de Cuidados, un modelo integral que pondría a la capital a la vanguardia en políticas sociales con perspectiva de género.
“El objetivo de estas iniciativas es construir una Ciudad de México más segura, más justa y más igualitaria; tienen que ver con cerrar vacíos legales, proteger a las víctimas, homologar con leyes federales y también con una nueva ley que sirva para cuidar en la Ciudad de México”, expresó Brugada Molina.
Las propuestas abarcan desde la protección a las víctimas de delitos de despojo y amenazas, hasta la creación de una estructura institucional sólida para atender a quienes más lo necesitan, particularmente mujeres, personas mayores y con discapacidad.
La Ley del Sistema Público de Cuidados busca justicia y equidad social
Brugada explicó que la iniciativa para crear la Ley del Sistema Público de Cuidados responde al compromiso de hacer justicia a las mujeres y reconocer el valor del trabajo de cuidado. Este proyecto colocaría a la Ciudad de México como la primera entidad del país con una legislación integral en la materia, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución capitalina y bajo los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.
La propuesta ordena a las autoridades crear un sistema con servicios universales, accesibles y de calidad, además de fomentar la redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre géneros, instituciones y sectores sociales. También contempla una Junta de Gobierno encabezada por la Jefa de Gobierno, que diseñará un plan sexenal de acción para garantizar la cobertura y eficiencia del sistema.
La secretaria de Bienestar, Araceli Damián González, destacó que esta ley prioriza la atención a infancias menores de tres años, personas mayores, con discapacidad y en situación de calle, además de asegurar un presupuesto progresivo que permita alcanzar la cobertura universal en 2050.
Reformas penales para prevenir la violencia y proteger a las víctimas
Entre las iniciativas también se propone una reforma para sancionar las lesiones por razones de género, con el fin de prevenir y castigar la violencia antes de que escale a feminicidios. “No vamos a esperar al feminicidio para actuar; hay distintos tipos de violencia de género que deben clasificarse y sancionarse”, subrayó Brugada Molina.
Asimismo, se contemplan cambios para fortalecer la protección de las víctimas del delito de despojo, agravar sanciones en materia de amenazas y homologar el Código Penal local con la legislación federal. La consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas Fuentes explicó que las modificaciones también alcanzan al Código Civil, la Ley Registral y la Ley de Notarías, con el propósito de sancionar la simulación de actos de buena fe y el uso irregular de documentos notariales.
Cruzvillegas enfatizó que estas reformas refuerzan la protección hacia sectores vulnerables, como mujeres solteras, personas adultas mayores, con discapacidad o integrantes de comunidades indígenas, quienes suelen ser las principales víctimas de abusos y despojos.
Seguridad ciudadana y justicia con perspectiva de género en la capital
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que otra de las propuestas busca armonizar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana local con las recientes reformas federales, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, la profesionalización policial y el régimen disciplinario. Con ello, se da validez jurídica al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz, y se definen criterios en las evaluaciones de control de confianza y responsabilidades del personal operativo.
Por su parte, la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, explicó que las enmiendas plantean aumentar las penas por lesiones motivadas por razones de género, orientación sexual o identidad de género, además de endurecer las sanciones por amenazas con agravantes, especialmente cuando exista el uso de armas o vínculos con la delincuencia organizada.
Con estas cinco iniciativas, el Gobierno de la Ciudad de México busca consolidar una agenda integral de seguridad, igualdad y justicia social, en la que la prevención, la atención y el respeto a los derechos humanos sean el eje de la transformación capitalina.
AM.MX/CV
