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La sentencia fue por desacato a una sentencia de amparo
La sentencia fue por desacato a una sentencia de amparo

QUERÉTARO, QUERÉTARO, 20 de junio (Al Momento Noticias).- El Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito confirmó la sentencia de un año de prisión, conmutada a condena condicional, la inhabilitación por el mismo periodo y amonestación pública a Graciela Juárez Montes y Aideé Verónica Corona García, Presidenta Municipal y Tesorera, respectivamente, del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, por desacato a una sentencia de amparo.

En los mismos términos, la autoridad judicial ratificó la sentencia para Alonso Landeros Tejeida y José Jaime Sixtos de Jesús, quienes fungieron como Presidente y Tesorero del mismo Municipio, de 2009 a 2012, respectivamente.

Lo anterior, tras resolver el toca penal 71/2014 en el que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Querétaro, de fecha 4 de marzo de los corrientes, dentro de la causa penal 48/2013-I instruida en contra de los mencionados, por el incumplimiento de la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en la misma entidad.

Los quejosos son penalmente responsables del delito de desacato a una sentencia amparatoria, por no cumplir dentro del plazo legal establecido con la devolución de 326 mil 587.85 pesos a una persona moral, a la que se le amparó para que le fuera regresada esa cantidad, luego de habérsele cobrado en su perjuicio el Derecho por Servicio de Alumbrado Público.

Con fecha 17 de abril de 2012, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, al resolver el juicio de amparo indirecto 299/2012-2, había ordenado al entonces Tesorero Municipal, José Jaime Sixtos de Jesús, la devolución del dinero en un plazo no mayor a 24 horas.

Por el reiterado incumplimiento, dicho juzgado requirió al entonces Presidente Municipal, Alonso Landeros Tejeida, como autoridad vinculada al cumplimiento, misma que hizo caso omiso.

Ante la conducta renuente y contumaz de las autoridades responsables, el 31 de julio de 2012, el Juzgado Segundo de Distrito en dicho Estado remitió los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en turno para que resolviera lo que en derecho precediera respecto a la inejecución de sentencia.

Por turno, correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito conocer de dicho incidente de inejecución de sentencia. El 20 de febrero de 2013 remitió dicho incidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando registrado con el número 394/2013 y resolviéndolo fundado el 13 de agosto de 2013.

En el curso del proceso penal se confirmó que los mencionados funcionarios buscaron en todo momento evadir el cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que ha sido considerado por el Pleno del Alto Tribunal como una conducta que debe ser sancionada.

AMN.MX/fm

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