Francisco Rodríguez
Las decisiones cruciales de un país se enfrentan constantemente a los conservadores que reclaman el respeto ortodoxo a lo vigente, aunque constituya un dogal para la captación de las necesidades reales de la gente. El optimismo del cambio siempre hace colisión con los pesimistas de la pasividad, del contra pensamiento.
Las grandes opciones mexicanas lo revelan: la Expropiación Petrolera tuvo que vencer los argumentos de los intereses extranjeros que exigían no aplicar la retroactividad del artículo 27 Constitucional, para impedir que el pueblo recobrara la soberanía sobre los recursos del subsuelo. Querían que la historia dejara de ser dinámica en 1938. Cuando el camino de un pueblo es romper con los atavismos que lo paralizan.
Igual sucedió con la nueva normatividad sobre derechos humanos, que se enfrentó siempre al catálogo restringido de las garantías individuales que preveían los constituyentes de Querétaro. Los conservadores de 1990 se oponían a nuevas leyes que fueran más allá de lo previsto. Nunca pudieron entender el espíritu social del Congreso fundador, el arrase con las formalidades establecidas.
Bajo esos criterios, nunca hubieran podido elevarse los tratados internacionales a la categoría de las normas supremas. Tampoco podría estarse hablando de una segunda vuelta electoral que, ante el temor cerval de los toluquitas, quiere destrozar el sistema constitucional electoral para conseguir alianzas contra natura de último minuto.
Y así, hasta el infinito. Porque conservar el derecho equivale a condenar a una sociedad al inmovilismo, al catatonismo ante las nuevas realidades, ante tensiones emergentes que deben solucionarse para guardar los equilibrios, el paralelogramo de fuerzas que hace posible la convivencia pacífica, la estabilidad y la gobernanza. Aunque en el caso de la segunda vuelta opere para que permanezca el inmovilismo, usted sabe.
La justicia y la equidad exigen la adaptación gradual del Derecho
Los dos referentes históricos de la Teoría General del Estado, los austríacos Herman Heller, fundador del estructuralismo jurídico, y Hans Kelsen, promotor del neopositivismo estático, coincidieron desde hace un siglo en un punto clave: ambos sostuvieron que la justicia y la equidad exigen la adaptación gradual del derecho a las nuevas realidades sociales. Es como una fórmula de oro.
Esto quiere decir que el espíritu del legislador fundador no debe quedar estático. A mayor abundamiento, al mismo tiempo que los visionarios austríacos estaban poniendo las bases de la República de Weimar, de los derechos sociales del constitucionalismo europeo, en México, los ideólogos de la revolución triunfante se adelantaban en el terreno de las ideas.
No fue casualidad que plasmaran en el artículo 3o. de la Carta de Querétaro que la democracia no sólo era un régimen de gobierno, sino un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo. La dinámica viva. El desconocimiento a todas las ataduras anteriores, para hacer posible un nuevo rostro.
La tolucopachucracia quiere regresar a las ideas de hace 100 años
México fue la tierra de origen del nuevo constitucionalismo social. Aquí se rompieron, desde hace cien años, todos los paradigmas supuestamente inalterables del positivismo jurídico. Nunca temieron a las ideas nuevas. Se horrorizaban del imperio de las viejas ideas. Cien años después, la tolucopachucracia quiere regresar a las ideas antiguas.
El conflicto entre dos leyes, la llamada antinomia jurídica, se da cuando una prohíbe y otra permite, dentro del mismo ámbito de aplicación, los mismos supuestos. Definitivamente, si no existe esa condición, no puede haber conflicto. Heller y Kelsen, opuestos a los imperios centro europeos, siempre sostuvieron que la sociología y la ética, debían tener preeminencia.
Para leer moralmente las constituciones, opinaron, esas disciplinas deben tener la mayor jerarquía en los procesos de elaboración e interpretación de las leyes. Lo demás es tangencial, esquemático, absurdo, pues sería imponer el imperio de las formas a todas las expresiones sociales del progreso de un pueblo.
La Constitución, vulnerable al quedarse debajo de sus expectativas
La relevancia se logra con el concepto de que una Constitución General de la República no puede vulnerarse por partir de su espíritu y ensanchar los límites de su alcance, sino por quedarse debajo de sus expectativas. Es el principio del Estado Social y Democrático de Derecho. Lo demás es simple copia. Imitación repetitiva, agua de borrajas.
El Estado de Derecho formal, sostenido desde el filósofo Immanuel Kant, es el que preconiza que la autoridad sólo debe hacer lo que la ley autoriza, mientras que el ciudadano, lo que la ley no le prohíbe. Pero es una estructura superficial sólo para legislar sobre las sociedades establecidas, incólumes, con los servicios resueltos.
El Estado Social y Democrático de Derecho, en boga desde hace cien años en las naciones más avanzadas de la Comunidad Europea, gracias a los avances de Heller y Kelsen, tiende a tutelar las prerrogativas de los débiles, a subsanar las deficiencias de la igualdad formal de los ciudadanos e instaurar el concepto de la equidad.
A eso se referían los Constituyentes de Querétaro. A edificar una sociedad democrática que igualara a los desiguales y cuyo sistema político persiguiera el constante mejoramiento del pueblo en todas las expresiones de la vida en libertad.
Máxime, cuando las sociedades informadas han venido desarrollando esquemas de convivencia en el derecho social a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la seguridad. Cuando han experimentado y asimilado las luchas contra toda forma de discriminación, intolerancia y resistencia al cambio.
Se oponen, sin siquiera conocer el vasto concepto de soberanía
Desde hace veinte años, los gobiernos de la Ciudad de México privilegian los derechos de mujeres, ancianos, población en desventaja, en situaciones de calle o con servicios médicos y legales insuficientes, para ser protegidos por el aparato público en programas sociales que ya han sido elevados a categoría de leyes vinculantes, obligatorias para todos.
El derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de menores consustancial, la muerte asistida, el financiamiento a poblaciones vulnerables, las libertades a la manifestación de las ideas, la protección del comercio informal, el seguro contra el desempleo de migrantes, indigentes e indígenas, así como la subrogación en su protección judicial, hace demasiado ruido al establishment.
Se ha apoderado de la tolucopachucracia –y de sus adláteres– un catálogo de envidias, odios y miedos que no tiene freno posible. Actúan como perros de rancho, aquéllos que ladran sin saber por qué, contra quienes han logrado movilizar conciencias y voluntades de las fracciones de todos los partidos políticos. No entienden ni respetan el concepto de soberanía. Ni lo conocen.
Hasta los constituyentes que EPN dedeó, aprobaron la de la capital
Tal parece que a Peñita jamás le informaron que se había aprobado en el Congreso Federal, por unanimidad, una reforma política para la CDMX que tendría como conclusión llevar a cabo los debates para aprobar una nueva Constitución que recogiera esos planteamientos legales y los elevara a la mayor categoría jurídica en esta circunscripción.
Tan no le informaron que, cuando alguien le calentó la cabeza con la noticia de que se había realizado un proceso para elegir a los Constituyentes, y éstos, ya electos –incluso los por él nombrados a dedazo– habían debatido soberanamente durante meses el nuevo articulado, aprobando tal cual ese cometido, montó en cólera de envidia y mandó a una jauría de abogados conservadores a impedir su entrada en vigor, dirigidos por Humberto Castillejos Cervantes.
Al principio, esgrimieron una serie de zarandajas anquilosadas, soportadas por viejos textoservidores que repitieron como pericos sus retintines de resistencia a todo. Fueron vencidos por la razón de los juristas. Después, han metido a la Corta de Justicia en una controversia constitucional sobre antinomias, que no tiene viabilidad en favor de los atracomulcas.
La ONU, la OIT, el BID dan su Vo.Bo, a la Constitución de la CDMX
Pero es la hora en que todavía no entienden qué es lo que hacen. Hasta la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo han aplaudido la postura tutelar de la nueva Constitución. Menos los de Atracomulco. Tienen la cabecita más dura que un pedernal.
Ahora, se aferran en plantear la dichosa antinomia en términos vulgares , porque no quieren que sea realidad la revocación del mandato, que baje el número de diputados locales, y que las nuevas Alcaldías se reserven el 22% de sus presupuestos para obras de infraestructura. O sea, el mismo cuento del perro del hortelano: ni comen ni dejan comer.
La envidia retrechera es la que alimenta la confrontación contra los que lo único que quieren es el avance. No entienden que en esa competencia no están ni inscritos. No sólo por ignorantes, sino por impedidos para ubicarse en la lucha al lado de los desposeídos, de los progresistas que les procuran paz para que en Los Pinos sigan en sus enjuagues.
¿Usted qué haría?, pregunta el envidioso de Los Pinos.
Índice Flamígero: Incapaz de dar la cara a los ciudadanos, Enrique Peña Nieto se escondió otra vez en la cueva de Los Pinos para conmemorar, a puertas cerradas, el Día del Trabajo. Nada que celebrar. Los trabajadores mexicanos sufren golpe tras golpe de parte del gobiernito y sus socios empresariales de México y del extranjero. El más reciente fue la aprobación legislativa (PAN, PRI, PVEM, Panal y PES) para que cuando un trabajador enferme por causas laborales, sólo se le pague 50% y no 100% de su salario, además de que el empresario determinará cuáles enfermedades serán susceptibles de pago. + + + No se tiene registro, en el Estado de México, de que ahí opere la Familia Unida, supuesto grupo criminal que se atribuyó la amenaza de muerte a Andrés Manuel López Obrador. En las redes sociales se dice que “la Familia Unida es, en realidad, el amasiato que viven el PRI y el PAN”. + + + En Quintana Roo se dice que, tras el corrupto “gobierno” de Roberto Borge, ahora sufren “PAN con lo mismo”. Las sospechas de corrupción recaen ahora en la persona del tesorero de la administración de Carlos Joaquín, el poblano Juan Melquiades.
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