FRANCISCO RODRÍGUEZ
Ya nadie guarda el mínimo recato. Desde que las calificadoras gabachas al servicio de los financieros neoyorquinos dieron la orden, los prestanombres locales se mostraron sin pudor: un filántropo huehuenche que responde al nombre de Ernesto O’Farril Santoscoy da un paso adelante y toma el micrófono para empezar la cacería sobre el Estado mexicano.
Dice el infame que es necesario meter a Pemex y a la CFE a la Bolsa de Valores para que los paniaguados de Joseph Marie Córdoba Montoya y de Carlos Slim realicen su proverbial trabajo con las acciones de las empresas estratégicas. Pero también se atreve a exigir la derogación del artículo 25 Constitucional, la joya de la corona que siempre quiso arrebatar el salinismo desde que asomó sus fauces allá por 1980.
Bursatilizar todo. Privatizarlo todo. Nuevamente los prestanombres locales contraatacan: la orden del Imperio chiquito es zopilotear la soberanía de la Nación. Poner en manos de los traidores y de los verdugos históricos el patrimonio colectivo. Lo de siempre, pero con más de lo mismo. La única puerta falsa que conocen. La receta amarga de los indolentes.
Poner a remate la parte más sana de las dos empresas del Estado
El periódico financiero del salinismo le ofrece gentilmente sus mejores espacios. El Grupo Bursamétrica, en voz de O’Farril Santoscoy, descendiente del más rancio linaje de la aristocracia pulquera, dice que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex deben regresar a su época de gloria neoliberal.
La fórmula del prestanombres es infalible: poner a remate la parte más sana de las dos empresas del Estado, calcinar las obligaciones populares, y ¡adiós Nicanor!, “porque una propuesta de este tipo les quitaría el peso de las calificadoras y hasta es posible que mejoren”. De ese tamaño es el cuajo del sicario financiero local.
Para hacerlo, explica, sólo es necesario derogar el artículo 25 Constitucional, uno de esos milagros que sobrevivió al embate salinista de los años 80. Así de sencilla es la orden que viene de allá arriba. Sólo se le olvida el mandato popular. Pasa por alto la historia, el coraje, la decisión de conservarnos independientes.
El infame no tiene la más puñetera idea de lo que propone. Es un mandado de los patrones, y debe ser obedecido, todo porque las empresas calificadoras de Nueva York denostaron la capacidad financiera del Estado mexicano. Todo porque no conoce la decisión de salvar las industrias entre los trabajadores y las empresas que quebraron.
El financiero de huarache dice que “un proceso de este tipo puede durar hasta tres años, pero los beneficios son a largo plazo”, muy parecida a aquella promesa de Carlos Salinas de Gortari de llevarnos al primer mundo si desmantelábamos el Estado, si privatizábamos todo, absolutamente todo.
Les estorba el Estado como el conductor del desarrollo nacional
Desde que a principios de los ochenta asolaron al país los rumores catastróficos sobre la enfermedad del SIDA y las bondades del neoliberalismo financiero, las presiones del salinismo – atracomulquismo llegaron para quedarse. Los diputados salinistas, habilitados candidatos en los distritos rurales de Tamaulipas, fueron la punta de lanza.
Manuel Cavazos Lerma, bautizado por Joaquín Hernández Galicia comopitufo tamaulipeco, luchó a brazo partido en la LII Legislatura para borrar el artículo 25 de la Constitución. Les estorbaba que se considerara al Estado como el conductor del desarrollo nacional. Les estorbaba todo lo que impidiera la privatización y el desmantelamiento.
A pesar de sus presiones no pudieron contra la mayoría notoria. El artículo se conservó. Ahora quieren derogarlo. Y son los mismos quienes lo proponen descaradamente desde los cenáculos de los financieros pulqueros.
“Una más justa distribución del ingreso y la riqueza para la libertad”
El artículo 25 Constitucional dice textualmente: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y del empleo…
… y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general…
… el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que señalan el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezcan…
… la ley alentara y protegerá la actualidad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución”. Hasta ahí.
Los pitufos se propusieron arrasar con las bases de la Nación
Y como los pitufos no pudieron contra esta decisión histórica del pueblo mexicano, ahora acuden en su auxilio los peleles del sector financiero, los mapaches de siempre, como para recordarnos que al enemigo siempre hay que darle como a las culebras, en la cabeza, para no dejarlas chillando.
Los pitufos se propusieron arrasar con las bases de la Nación, para mejor servir a sus amos financieros neoyorquinos, como no pudieron, desde allá alientan a los aristócratas pulqueros para zopilotear, para arremeter contra la voluntad popular. Se valen como siempre de la prensa infame, obscenamente vendida a sus intereses.
Si pudieran hacerlo, aconsejarían cambiar toda la Constitución, y de una vez por todas, desalojar el país. Porque, oiga usted, eso de proponer que la Comisión Federal de Electricidad y que Pemex sean absorbidas por el Grupo Slim-Salinas es el colmo de ese sarampión nefasto del neoliberalismo.
Que sean juzgados por igual los traidores a la memoria histórica
Parece que ya se les olvidó que él próximo día 21 de este mes los mexicanos acudiremos masivamente a las urnas para decidir juzgar a los presidentillos neoliberales de las tres décadas, a sus contlapaches, esbirros y a los prestanombres locales del imperio chiquito. Parece que quieren olvidar que La Voladora pende sobre sus cogotes.
Debemos añadir en las boletas electorales que sean juzgados por igual todos los traidores a la memoria histórica de este país, que sean juzgados sin clemencia los francotiradores de las finanzas y del narcotráfico que asuelan sin vergüenza ni decoro lo que tanto trabajo ha costado conservar.
¡Duro contra ellos! ¡A la cabeza, de una vez y para siempre!
El pueblo exige respeto y dignidad. Estos mercachifles estorban y hacen demasiado daño. México está en pie de lucha contra los traidores a la patria que nos vio nacer.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Ocho de cada diez mexicanos aprueban la gestión de AMLO. De todos los estratos sociales. De todas las edades. De todos los rincones del país. Tenemos al Presidente de la República más popular de todos los tiempos. Probablemente por personalidad humilde y cortés, con una afectividad calurosa y una sencillez que comunica sinceridad. También debido a acciones concretas respecto a algunos de los principales problemas nacionales, y porque se ocupa de campesinos y pequeños empresarios. Acaso también, debido al cansancio emocional de un pueblo que está obligado a sobornar con afecto a sus gobernantes para que no le quiten lo poco que le viene quedando, y nos libre del abuso eterno de los poderosos. Estadísticamente, no hay pelotero que comience bateando para 500, y mantenga ese promedio. Lo esperable y natural es que la popularidad del Presidente disminuya en los próximos años. Pero la popularidad no es la mejor virtud de un presidente. Ser popular, incluso ser querido o aprobado por la gente, puede no ser un mérito moral. Los hombres más serios, los mejores, muchas veces no han sido populares, y no pocos de ellos han tenido graves conflictos con sectores de poder o de opinión. Pero en política, como en los negocios, la popularidad suele ser muy rentable. Popularidad suele ser equivalente a aceptación o aprobación, y de eso es lo que más tiene el presidente López Obrador. Implica que nuestro gobierno tiene legitimidad, que representa la voluntad de las mayorías. Con el tiempo, la gente espera que esa popularidad se convierta en mayor beneficio colectivo, que ese campeón de la popularidad resuelva grandes problemas y alivie las crisis que amenazan la existencia y la paz de todos. El presidente prometió transparencia, acabar con la corrupción y la impunidad, asuntos considerados claves. Si para algo sirve una popularidad tan extraordinaria es, precisamente, para “hacer lo que nunca se hizo”.
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