FRANCISCO RODRÍGUEZ
Un repertorio falaz de arengas, lemas, símbolos, programas insulsos de gobierno, mitos extravagantes que prenden en el alma colectiva y poco a poco destruyen masivamente su memoria, insultan la inteligencia y enfrentan irremediablemente a los mexicanos, de por sí divididos por una aberrante desigualdad.
Inexplicablemente, lo que en otras sociedades se castiga, mínimo, con el voto opositor en las campañas, en México pasa a ser un compendio de vacuidades y agresiones impunes que deberían y están, de hecho, castigadas por el espíritu constitucional. Todos jalan para su santo de esa comparsa retórica, inútil y peligrosa.
Como que los políticos se sienten intocables, divinos, paridos por hadas y cuando son señalados por los líderes de opinión y por el pueblo raso, cansado de tanta iniquidad, a expensas de merolicos infumables, casi siempre responden que tienen la verdad exclusiva y excluyente, se refugian en un derecho de réplica que tiene parámetros inexcusables.
El pueblo tiene a su favor la sospecha de que lo están traicionando. Los políticos demagogos saben que jamás se les ha rasurado con esa hoja, y abusan de la complacencia y del retiro de las cuestiones de Estado, ésas que deberían ser patrimonio colectivo, que son soportadas por el derecho a cuidar el interés colectivo, el interés supremo de la Nación.
Los políticos tienen a su favor la impunidad retórica, esa farsa de encuentros populares que nunca han dejado nada bueno. Llegó el momento que los mandatarios, empleados nuestros, deban ser castigados por los excesos verbales, deban comparecer ante el ludibrio público para responder de sus vaciedades y de sus imposturas deleznables. Así pasa en todo el mundo desarrollado, menos aquí en el rancho grande.
Mentirosos y pendencieros no deben tener cabida en las sociedades democráticas
Debe quedar claro que ningún derecho asiste a quienes han jurado la defensa de la verdad, el respeto a las garantías constitucionales, mientras ejercen un cargo público, pues definitivamente no les asiste defensa posible cuando se trata de conducir a buen puerto los destinos de una Nación demolida.
Afortunadamente, el ameritado jurista José Alberto Sánchez Nava ha puesto el dedo en esta llaga. Ha demostrado jurídicamente que los mentirosos y pendencieros no deben tener cabida en las sociedades democráticas o que aspiran a serlo. Su real responsabilidad es con la verdad, con la convivencia civilizada y con el juicio popular.
La retórica desde el poder debe tener límites jurídicos y constitucionales
El daño moral no puede ser juzgado con el mismo rigor entre ciudadanos de a pie, que cuando es causado desde el poder, con premeditación, alevosía y ventaja evidentes. Las acusaciones contra la corrupción, el prevaricato, la mentira y los trastupijes siempre serán una garantía ciudadana que no puede estar al criterio de jueces sin escrúpulos que interpretan la ley a su antojo. Más claro ni el agua.
Y así como ahora viene a colación por la injusta sentencia contra un periodista que no quiere ser amordazado, lo mismo aplica contra quien desde las alturas del poder prestado se cree intocable mientras provoca con sus invectivas e imprecaciones un caldo de cultivo demasiado ruin en contra de los derechos ciudadanos.
La retórica desde el poder debe tener límites jurídicos y constitucionales. Si estos existen, como es el caso, no debe quedar como letra muerta, pues sólo abona a un concepto dictatorial del ejercicio desmesurado del cargo presidencial. Nada contra la ley. Nadie por encima de la ley. Llegó el momento de detener a como dé lugar el daño que causa la retórica impune.
Los candidatos nos recetaron una sarta de zarandajas que nunca concretaron en el poder
Desafortunadamente, la cultura política es un fenómeno reciente entre nosotros. El autoritarismo rampante no dejó que floreciera entre nosotros sino hasta hace tres décadas. Los totalitarismos y despotismos de todo tipo fueron un valladar para que la gente no entendiera el significado y las causas verdaderas que dieron origen a las instituciones.
“El milagro mexicano”, “el desarrollo estabilizador”, “la marcha al mar”, los presidentes obreristas, el reparto agrario integral, “las fuerzas vivas”, el guadalupanismo, “el ejército surgido del pueblo”, la unidad nacional, el “administrar la abundancia”, “él sí sabe cómo hacerlo”, “la renovación moral de la sociedad”, “el gobierno del cambio” …
… “el déficit fiscal cero”, el “por el bien de todos primero los pobres” y tantos otros miles de zarandajas que vimos desfilar a lo largo de los últimos ochenta años, han sido una especie de lápida sellada a cal y canto que obstruyo la visión de los mexicanos, su identidad y su orgullo de vivir en esta tierra.
Engranar la cultura política con el compromiso de veracidad exigible a los gobernantes
Sabíamos que todo lo que nos recetaban dese las cúpulas era para acrecentar cotidianamente nuestra desinformación y despolitización, pilares inmarcesibles sobre los que se erigieron los grandes monumentos a la corrupción, la ignorancia, la represión, la intolerancia y la pobreza.
Un poco de estabilidad económica nos transformaba en pasivos defensores de los demagogos. No teníamos por qué saber lo que se fraguaba detrás del telón de fondo en este teatro democrático. Lejos estábamos de imaginar cómo transaban y llegaban a acuerdos los “sectores modernizadores” del régimen con las fuerzas transnacionales.
Hoy se pone sobre el tapete de las discusiones la urgencia de engranar la cultura política con el compromiso de veracidad exigible en todo tiempo a los gobernantes: que la presencia del elector deje de ser meramente testimonial para que se convierta en el tribunal de la opinión pública que juzgue…
… premie o castigue a quien incumpla sus promesas o defraude nuestras expectativas. Que ninguna promesa carezca del ejemplo moral del gobernante en ejercicio, pues la fortaleza de una Nación no debe fundarse jamás en el discurso vacío ni en el enfrentamiento social.
Se impone la reforma moral del gobierno, a partir del ejemplo de los gobernantes
Un Estado incapaz de cumplir sus obligaciones fundamentales en los mínimos de empleo, educación, seguridad, salud y alimentación no puede legitimar el contenido constitucional de nuestra democracia, ni debe pactar con el exterior condiciones leoninas de sumisión. Se impone la reforma moral del gobierno, a partir del ejemplo de los mandatarios.
Si no, es el pueblo el que debe demandarlo para que México no deba sufrir otra dosis masiva y letal de políticas insulsas, que los salarios reales no sigan disminuyendo, la desocupación y la migración aumentando y descender nuevos peldaños hacia la barbarie.
Una sociedad crítica exige honradez, ética e imparcialidad. Respeto absoluto a la libre expresión de la prensa independiente, no sólo de la acomodaticia y rastacuera. Parar la destrucción del sector agropecuario que facilita la invasión de los mercados externos de alimentos. Estamos ante el real peligro de la hambruna.
Frente a son, los gobernantes no deben ser intocables. Exijamos respeto a nuestra identidad nacional.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Las reparaciones por causa de violación a los derechos humanos, particularmente en lo que toca al pago de una indemnización como compensación por daño moral, deben calcularse con base en los principios de equidad y apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso. Deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima y las del presunto responsable, y las demás circunstancias del caso. En especial, el juzgador debe ser en extremo cauteloso para que la medida pretendida no produzca un efecto inhibidor a la libertad de expresión: SCJN.
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