CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de presupuesto que actualmente se discute en el Congreso de Estados Unidos contempla aplicar un impuesto a las transferencias de dinero transfronterizas. En específico, se plantea un cobro de 3.5% sobre las remesas, es decir, el dinero que migrantes envían a sus familias o amistades en sus países de origen. Se estima que esta medida afectaría a cerca de 40 millones de personas no ciudadanas, incluyendo residentes permanentes (green card), trabajadores temporales y migrantes indocumentados.
Las remesas son una fuente clave de ingreso para millones de hogares, especialmente en países de medio y bajo ingreso en América Latina y África. Una carga fiscal de este tipo afectaría directamente ese flujo, reduciendo el monto neto recibido y desincentivando el envío por canales formales. Análisis económicos indican que por cada 1% de incremento en el costo de enviar remesas, los flujos disminuyen en 1.6%. Bajo ese supuesto, un impuesto del 3.5% podría provocar una caída de 5.6% en las remesas totales.
El impacto no sería homogéneo entre los países receptores. Con base en datos del Banco Mundial y la Oficina del Censo de EE.UU., México sería el país más afectado en términos absolutos, con una caída estimada de más de 2,600 millones de dólares anuales. Mientras que los migrantes mexicanos envían en promedio el 16.7% de sus ingresos a México, los guatemaltecos mandan alrededor del 45%, lo que deja menos margen para absorber nuevos costos. Países de Centroamérica estarían más vulnerables frente al impacto relativo: por ejemplo, El Salvador podría perder más del 1% de su ingreso nacional bruto por este impuesto.
Además de debilitar el ingreso disponible de los hogares, esto afectaría el consumo privado, incrementaría presiones sobre las divisas y podría profundizar desequilibrios externos.
Evasión y alternativas al impuesto
Como suele suceder, los migrantes podrían buscar formas de eludir esta carga fiscal. Algunos podrían recurrir a ciudadanos estadounidenses para enviar el dinero en su nombre, mientras que otros podrían optar por transferencias interbancarias en lugar de usar remesadoras como Western Union. Incluso podrían recurrir a métodos informales como el uso de criptomonedas —Bitcoin, por ejemplo— para evitar el cobro.
También existe el riesgo de que el nuevo impuesto distorsione los patrones migratorios. Las remesas, al mejorar el ingreso familiar, reducen la presión por emigrar. Si ese flujo se contrae, algunas familias podrían verse forzadas a migrar pese a los riesgos, mientras que otras podrían dejar de hacerlo por falta de medios.
El objetivo real del impuesto es ambiguo. Por el lado fiscal, se estima que la recaudación sería marginal, muy por debajo del gasto asignado a control migratorio y seguridad fronteriza. Por el lado económico, la medida podría generar más daño en los países receptores que beneficios para EE.UU., al desacelerar el crecimiento, golpear a las economías más frágiles y castigar a las familias de menores ingresos.
Finalmente, un impuesto del 3.5% a las remesas implicaría un fuerte golpe para países como México y Centroamérica, sin garantizar una mejora significativa en la recaudación ni un efecto real sobre los flujos migratorios.
AM.MX/fm
